Vicente Contreras lleva casi un año en Santiago Uno acusado de lanzar una molotov pese a que las pericias prueban su inocencia

El joven de 21 años está en el módulo 12 junto a otros presos de la revuelta, acusado de lanzar una molotov a una comisaría de La Granja. El 5 de enero la justicia decidió mantener la prisión preventiva a pesar de que todas las pericias químicas y morfológicas prueban que es inocente. “A mi hijo lo condenaron anticipadamente”, dice su madre a La Otra Diaria. 

Desde que se inició el estallido social en octubre de 2019, Carabineros ha detenido a manifestantes quienes en su mayoría, llevan más de un año en prisión preventiva, pese a dudosas pruebas presentadas por el ministerio Público, las cuales en muchos casos han sido desestimadas por la justicia.

Sin embargo, hay otros casos en donde siguen tras las rejas, pese a que las pericias no han sido concluyentes, pasando a llevar la presunción de inocencia.

Es lo que alega la familia de Vicente Contreras, joven de 21 años que se encuentra en prisión preventiva desde el 29 de marzo del 2021 por supuesto porte y lanzamiento de bombas molotov.

Según relata Carolina Hermosilla, la madre de Vicente a La Otra Diaria, el joven había avisado que estaría en las protestas por el Día del joven combatiente con algunos amigos.

Pasadas las 22:00 horas un grupo de manifestantes, entre los que se encontraba Vicente, llegó hasta las afueras de la comisaría Mauricio Rivera López, ubicada en Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez en la comuna de la Granja.

Fueron dos molotov que fueron lanzadas a la comisaría, una en el patio y otra en el techo del inmueble. Su familia cuenta que en medio de la confusión, Vicente fue detenido.

Fue acusado por los delitos de porte y lanzamiento de artefactos incendiarios del tipo molotov, previsto y sancionado en la Ley sobre control de armas, e infringir el toque de queda.

De los tres delitos que se le imputaban, solo se dejó el de lanzar la molotov en el patio de la comisaría. Pese a que la defensa de Vicente afirma que las pericias químicas y morfológicas prueban que es inocente, el 5 de enero el tribunal decidió mantener la prisión preventiva.

Las pruebas para inculpar a Vicente fueron declaraciones de los carabineros y una comparación fotográfica entre una imagen de video y la imagen del joven después de que fue detenido.

Miguel Yáñez, abogado de Vicente, especialista en Derechos Humanos y querellante en el caso de Fabiola Campillai, pidió realizar examen de huellas dactilares en base a la evidencia de la segunda botella molotov que no estalló y un análisis morfológico de los fotogramas de la noche en que ocurrió la manifestación.

Según Yáñez, el análisis morfológico detallado concluye que no es posible asociar a Vicente con la persona que aparece en el video, por lo que la conclusión de las pericias científicas es irrefutables.

“¿Por qué no existe una pericia de huellas dactilares de esa botella que acredite que Vicente manipuló la bomba? A mi hijo lo condenaron anticipadamente”, dice su madre.

“Es un fiscal que está mandatado para ejercer una persecución de carácter muy arbitraria en contra de los jóvenes que se manifiestan. Y, de hecho, es poco objetivo por mantener la prisión preventiva, sabiendo que hay pruebas que evidencian que Vicente no participó en el delito”, dice Yáñez.

El abogado recuerda que el debido proceso implica respetar el principio de inocencia. “A Vicente se lo ha tratado como culpable durante todo el proceso, siendo que hay pruebas que dicen que no participó del delito”.

Yáñez, al igual que otros defensores, afirma que muchos jóvenes al igual que Vicente están en prisión preventiva sin pruebas concluyentes que los inculpen.

“Lamentablemente el 25 de enero también se publicó una modificación a la Ley de Control de Armas que les permite optar a una pena sustitutiva en el caso de lanzamiento de bombas molotovs, pero para salir en libertad deben reconocer su participación en los delitos aunque sean inocentes”, señala.

En ese sentido, explica Yéñez, quedarán con sus papeles “manchados”, lo que “podría ser una estrategia del gobierno de Piñera para no tener presos políticos al dejar su mandato.

“Yo solo quiero que mi hijo vuelva a la casa”, dice la madre de Vicente, quien deberá permanecer en Santiago Uno, ya que la justicia, sin tener pruebas concluyentes, considera que es un peligro para la sociedad.