A dos años de los estallidos, persiste impunidad en agresiones a periodistas en Ecuador y Chile

Centenares de trabajadores de la prensa de ambos países, han sufrido ataques de diferente gravedad por parte de agentes del Estado, prácticas que persisten en la actualidad. De las causas que han llegado a judicializarse, solo un 5% muestra avances.

Por Jorge Wasyluk, Kleber Aranda y Marcelo Herrera

Nota de la Redacción: Este reportaje fue elaborado con apoyo de la Unesco y el Global Defence Fund, como parte de un programa internacional contra la impunidad de crímenes contra los periodistas. Este reportaje además parte de un ciclo de reportajes que publicaremos en cada edición de miércoles.

Octubre de 2019. Con pocos días de diferencia, Ecuador y Chile enfrentaron sendas revueltas sociales, las que derivaron en cambios en políticas públicas y en el inicio de un proceso constituyente, respectivamente.

La violencia callejera y policial de aquellas jornadas, con matices y diferencias, supuso amenazas y amedrentamientos a la labor de la prensa. En Chile, los periodistas, en especial de medios independientes, fueron principalmente agredidos por fuerzas policiales. En Ecuador, además hubo ataques perpetrados por los propios manifestantes.

Informes elaborados por organismos de derechos humanos en ambos países coincidieron en observar que la mayoría de los comunicadores afectados por estas situaciones no denunciaron los hechos, debido a que no confían en la Justicia o restan importancia a lo sucedido.

DESDE EL PRIMER DÍA

El 3 de octubre de 2019, inició en Ecuador un paro nacional en rechazo a un decreto propuesto por el presidente Lenin Moreno, para eliminar el subsidio a los combustibles, medida que generó el rechazo de organizaciones de transportistas. Durante esa jornada, más de dieciséis comunicadores resultaron agredidos, principalmente en Quito.

Julio Estrella, fotógrafo de El Comercio, fue golpeado por unos quince policías y rociado con gas lacrimógeno. “Sin ninguna explicación, empezaron a empujarnos con los escudos de plástico y a darnos de toletazos”. Daniel Molineros, fotógrafo de la agencia API, intentó defenderlo y también resultó golpeado.

Las periodistas Adriana Noboa, reportera del portal Primicias y Yadira Trujillo, también de El Comercio, fueron impedidas por una docena de agentes antimotines de filmar con sus celulares la acción policial contra manifestantes. También recibieron golpes con los toletes.

Ese mismo día, en la mañana, en una de las primeras agresiones de civiles, un taxista impactó a Freddy Toapanta, camarógrafo de Teleamazonas, mientras hacía un despacho en vivo junto a la reportera Fernanda Cevallos.

La mañana del 10 de octubre, varios equipos de prensa que cubrían una concentración en el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, fueron retenidos por un sector de la dirigencia indígena que exigía transmitir en vivo un acto “justicia” contra policías. El periodista argentino Nelson Castro, de la cadena TN, Todo Noticias, ratificó la retención contra su voluntad y la vigilancia permanente a la que estaban sometidos los reporteros extranjeros esa jornada.

En ese contexto, pasadas las 10 de la mañana, Teleamazonas y Ecuavisa interrumpieron su programación para informar la postura de los movilizados. También se conoció que la prensa esperaría por la llegada del cuerpo de un dirigente muerto en las protestas.

Fue en ese marco que se registró uno de los ataques más graves a la prensa. El periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, recibió una pedrada en su cabeza al salir del Ágora de la Casa de la Cultura. Manifestantes que se encontraban en el lugar detuvieron al agresor, al que identificaron como José Manuel Guacho.

Paredes resultó con una fractura de clavícula y una contusión en la cabeza con herida abierta, según el reporte de un médico que le prescribió hasta treinta días de descanso laboral. Juan Pablo Ortiz, abogado del canal Teleamazonas presentó el 11 de octubre del 2019 una denuncia por supuesto intento de asesinato.

Días más tarde el agresor fue atrapado por la policía en un operativo de rutina. Tras la audiencia fue sentenciado a cuatro meses y dieciocho días de prisión por el delito de lesiones. El fallo incluyó el pago de una reparación de 1.900 dólares al periodista y el pago de una multa de 1.600 dólares a la administración de justicia.

Según datos brindados por FUNDAMEDIOS, organización que promueve la libertad de expresión, entre 2019 y octubre de 2021 suman 663 agresiones a periodistas. Siendo, especialmente crítico el año en curso con cerca de 300 ataques a comunicadores. (Link estadísticas).

La organización pudo constatar, también, que durante todas las protestas hubo un marcado discurso estigmatizante contra la prensa, acusada de favorecer las posturas del gobierno. “Prensa corrupta”, “prensa vendida”, “prensa mentirosa”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

PROTESTAS EN CHILE

Después de varios días de movilizaciones estudiantiles, el 18 de octubre de 2019 marcó en Chile el inicio de manifestaciones ciudadanas masivas, luego de que el gobierno reprimiera a tiros una movilización de escolares en el tren subterráneo de Santiago, ordenando luego suspender todo el transporte público en la ciudad, donde habitan unas siete millones de personas.

La movilización, la que se transformó en nacional en horas, estuvo marcada por la transmisión en vivo y el registro fotográfico en redes sociales digitales desde un comienzo, en especial de comunicadores de medios alternativos.

“Uno como periodista independiente tenía mayores libertades que el resto de la prensa (tradicional) para acceder a las protestas”, sostiene el periodista Martín Ortiz.

Pero ese mayor acceso que describe Ortiz no implicó una mayor protección, por ejemplo, ante agresiones policiales, como él mismo recuerda. “Estaba fotografiando, aproximándome a Avenida Providencia, cuando viene una patrulla de Carabineros que para a unos 50 metros de mí y se baja un policía que dispara hacia mi dirección una bomba lacrimógena. Afortunadamente la bomba dio en mi pie”.

“En otra ocasión, -prosigue- en el sector de Plaza Dignidad, afuera del restaurante Baquedano, estaba fotografiando junto a un colega fotógrafo. De repente, se acerca un contingente de Fuerzas Especiales y nos gritan que nos vayamos del lugar. Respondí que solo sacaba fotos. Uno de los carabineros saca un bastón retráctil y golpea un kiosco metálico, amedrentándonos con un “¡Ándate o te pego!” para que nos fuéramos. Cosa que hicimos”, agrega.

Elena Ríos, fundadora del medio independiente PiensaPrensa, cree que hubo ataques permanentes contra los medios que cubrían las protestas.

“Siempre estuvimos expuestos, al estar en el fuego cruzado. Nos llegaron balinazos y piedrazos. La situación, que recuerde, más terrible ocurrió el 18 de octubre en la Plaza de Maipú. Ese día estaba sacando fotos encima de un paradero. Se quemaba el metro de Maipú. Quería graficar lo que sucedía en la plaza y de pronto se aproximó un piquete de carabineros del Gope. Uno de ellos me miró y me vio con la cámara, con mi credencial. Me bajé rápidamente del paradero y me resguardé tras un negocio. Ese carabinero me disparó en un brazo, que no alcancé a meter tras el kiosco”, revive.

“Tengo la experiencia desde la dictadura. La violencia contra la prensa independiente siempre ha sido igual. Lo del estallido social, no es lo primero. La conducta policial no ha cambiado. La prensa como la nuestra, que muestra lo que hacen, que los denuncian, somos vistos como enemigos por los policías”, agrega.

“Un día de noviembre de 2019 -ejemplifica-, un carabinero (el teniente coronel Claudio Crespo) les hizo un control de identidad a dos colegas. El funcionario fotografió las cédulas de ambos y las subió a Twitter. Eso constituyó una persecución de la institución hacia nuestro medio. Hemos sido vigilados en nuestras casas. Hemos recibido amenazas”, afirma.

Según datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ChileODC), entre el 18 de octubre y 31 de diciembre de 2019 se registraron 27 detenciones y 103 agresiones a periodistas, dos de las cuales son traumas oculares con pérdida de visión de un ojo.

Las agresiones no se detuvieron al año siguiente, cuando cesaron las movilizaciones. Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, las detenciones subieron a setenta y cinco y las agresiones sumaron treinta. En tanto, hasta marzo de 2021, última medición efectuada por ODC, se registraron 22 detenciones y 38 agresiones.

ENTRE LAS AGRESIONES Y LA IMPUNIDAD

Pese a los registros amplios de agresiones, son menores los casos que llegan hasta los tribunales, tanto en Chile como en Ecuador.

“No hemos denunciado porque nunca se llega a nada. La prensa independiente no tiene peso. Formalizar una denuncia, te hace perder tiempo, recursos. Tengo el ejemplo de dos compañeros de PiensaPrensa que fueron agredidos brutalmente por Fuerzas Especiales quedando uno de ellos inconsciente en el suelo. Ellos se querellaron; hasta ahora no han conseguido nada”, sostiene Elena Ríos.

La opción -dice- es difundir los hechos en Internet y medios internacionales. “Enviamos en su tiempo información a una revista italiana, para América Latina. Luego enviamos información a un canal de televisión de ese país. Hoy en día, nuestra plataforma de denuncias son las redes sociales. Es mucho más fácil, más público”, enfatiza.

Pero las agresiones o amenazas no siempre son policiales, ni presenciales. Y las forma de encarar esos hechos tampoco es judicial, en muchos casos.

“Donde ya se puso violenta la cosa fue cuando recibimos amenazas al Instagram de Viral Digital, de parte de gente externa a la marcha, diciéndonos ‘comunistas’, ‘les vamos a ir a pegar’, ‘tengan cuidado’.

Teníamos un excelente Community Manager y eso permitió que no pasara a mayores. Se respondía de buena forma. Y a quienes amenazaban, se les borraba o eliminaba de la cuenta. No denunciamos. Decidimos no asistir más a la marcha. Preferimos resguardar nuestra integridad”, recuerda Javier Matus, periodista y creador de @ViralDigital

En Ecuador, la desconfianza en la Justicia también se hizo patente entre los periodistas. De los 212 comunicadores agredidos durante las protestas de octubre de 2019, únicamente Freddy Paredes puso una denuncia contra su agresor. Los otros trabajadores de la comunicación decidieron no acudir a la Justicia.

Otro ejemplo, es el caso de Camila Martínez, comunicadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). La profesional fue detenida durante una jornada de protestas en Urdaneta, Guayaquil y sentenciada a cinco días en prisión, acusada de insultar y agredir a agentes policiales.

ESCASOS AVANCES

Según ChileODC, no más del 30 por ciento de los periodistas que fueron agredidos por agentes del Estado, denunciaron a la justicia.
Javier García, director de la ONG, reconoce que existe impunidad, puesto que menos de un 5% de las denuncias registran avances, no se llega a celebrar juicio ni hay condenas. Solo dos casos presentan avances.

“Esto no es nuevo, siempre ha sido así con casos anteriores, muchos reporteros nos dicen que no denuncia porque no sirve para nada, porque conocen casos previos que quedaron en nada”, sostiene.

Se estima que de los casi 300 ataques documentados de diverso tipo, menos de un centenar se ha traducido en acciones ante los agentes de Justicia, es decir, menos de un 30% de las agresiones son denunciadas.

Solo se identifican dos casos con avances, donde los responsables están siendo juzgados o se han acordado medidas preventivas.

El escaso avance de la Justicia coincide con el inadecuado registro de los hechos en los órganos del Estado.

Por ejemplo, para efectos de la presente investigación se solicitó vía Transparencia Activa, tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, con fecha 11 y 16 de agosto, respectivamente, el “el número de denuncias por agresiones a periodistas por parte de funcionarios del Estado (como carabineros, PDI y Ejército) desde el 18 de octubre de 2019.

Tres días después, la Fiscalía informó que aquella información no estaba disponible.

“Sobre su requerimiento, cumplo con informar a Ud. que no es posible entregar la información solicitada, toda vez que nuestros sistemas de registro – al igual que el de otros actores del sistema penal chileno- utilizan una nomenclatura unificada y sistematizada anualmente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial para el ingreso y registro de delitos, que se expresa en un sistema de códigos asignados para cada tipo penal y/o categoría de delitos. Lo anterior, resulta relevante para entender la forma en que registramos nuestra información y los antecedentes estadísticos que eventualmente son posibles de extraer. El requerimiento que usted realiza se refiere a la especificación respecto a denuncias por agresiones a periodistas por parte de funcionarios del Estado. En consecuencia, es un dato no disponible y ajeno a la esfera de nuestra competencia”.

El 15 de septiembre, en tanto, llegó la respuesta del Poder Judicial chileno. “Me permito informar -decía la contestación- que en el sistema informático penal (SIAGJ) no existe un tabulado que identifique si el delito es contra un periodista, por lo anterior, se entrega un archivo Excel, vía correo electrónico con el detalle de causas ingresadas por los delitos solicitados, de modo que puedan revisar la tramitación de éstas en la Consulta de Causas en el portal del Poder Judicial en la sección “otros servicios” https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php”.

Javier García mantiene una opinión fundamentada sobre la base de su experiencia en ChileOCD respecto a la forma de asumir las denuncias contra periodistas que mantiene el Ministerio Público.

“En general se muestra inactividad por parte de los fiscales, no avanzan las investigaciones ni solicitan la realización de juicio oral, el proceso queda abierto, pero sin avances en su tramitación”, explica.

DESPROTECCIÓN LEGAL

El escaso avance de las denuncias de agresiones contra la prensa vuelve la vista hacia la indefensión legal en que se encuentran periodistas, reporteros gráficos y reporteros ciudadanos en general, al momento de cumplir con una labor fundamental para la libertad de expresión.

Frente a este escenario cobran relevancia las recomendadas de la Unesco y la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), respecto a crear mecanismos especiales de protección de periodistas.

En América Latina, algunos países han creado mecanismos específicos, como Colombia, México y Honduras, justamente las naciones donde más asesinatos de periodistas se verificaron los últimos diez años.
Tanto Chile como Ecuador carecen de una normativa legal en dicha dirección.

Ángel Ramírez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador (ASOTCE), señala incluso que los camarógrafos, fotógrafos y periodistas no cuentan con los equipos de protección necesarios para realizar su trabajo, pues los propietarios de los medios de comunicación no proveen a sus empleados de máscaras antigases, cascos, chalecos antibalas o calzado idóneo para ese tipo de coberturas. Asimismo, menos de un 5% de comunicadores sociales en Ecuador cuentan con un seguro de vida.

Por ello, Ramírez es enfático al señalar que la legislación ecuatoriana no protege a los periodistas, tampoco -a su juico- la ley de comunicación que se reformó en 2019 es garantía de seguridad, pese a que en su articulado constan temas referentes a la defensa de los periodistas. Además, ahora -advierte- una nueva reforma a la ley busca eliminar este articulado dejando en la indefensión a los comunicadores sociales, manifiesta.

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) en conjunto con asociaciones, círculos y colegios de periodistas conformaron la Mesa Técnica de Protección para Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.
Danilo Villaroel, Presidente de la FENAPE informó que, el objetivo es asistir de forma inmediata ante la vulneración de derechos a trabajadores de la comunicación, además de abrir espacios de capacitación y fortalecimiento de los gremios y sus socios.

La mesa además recopilará información sobre agresiones sucedidas en la ciudad y provincia, se exigirá que la justicia no deje en la impunidad amenazas, acciones, denostaciones o amedrentamientos a quienes realizan actividades comunicativas, de cobertura, investigativas o informativas.

Para ello, se levantará una ficha de alerta temprana que luego será enviada al Consejo de Comunicación, entidad que, de acuerdo con la Ley vigente, es quien actúa de inmediato en conjunto con Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Judicatura, Defensoría Pública para que se brinde acciones de prevención, protección, proveer justicia y exigencia de medidas de reparación integral de ser el caso.

La propuesta de Construcción del Sistema de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación la vienen trabajando entre el Consejo de Comunicación y FENAPE, el objetivo alcanzar un sistema de protección integral para los periodistas. Danilo Villaroel, presidente de FENAPE aseguró que el trabajo se encuentra en una fase avanzada, el detalle de los puntos establecidos en esta propuesta los compartimos a continuación.

La protección a periodistas debe cumplir estándares internacionales de derechos humanos como: derecho a la vida, derecho a la integridad personal y libertad de pensamiento y expresión.

Mientras en Ecuador esperan dar con herramientas de protección legal para la actividad, en Chile no existen leyes especiales que permitan establecer como agravante penal la agresión a periodistas.

Fotos: Shutterstock/Flickr

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