Adelanto de “Los intramarchas”, libro sobre cómo el poder se infiltró en las manifestaciones del estallido social

“Los intramarchas: cómo el poder se infiltró en el estallido social”, investigación de la periodista Josefa Barraza, cuenta cómo Carabineros, con agentes encubiertos, se infiltró en las manifestaciones durante el estallido social, con el propósito de realizar seguimientos, detenciones y encarcelamientos, pese a no contar con autorización de un juez de garantía o las instrucciones de un fiscal. La Red adelanta “Las garras de Gendarmería en un caso intramarchas”, uno de los capítulos del libro que saldrá a la venta este 13 de abril.

Francisco Hernández fue seguido y detenido violentamente por agentes intramarchas el 10 de diciembre del 2019. Debido a la declaración del teniente del 0S9 Pablo Cabezas, fue condenado a cinco años y un día por lanzamiento de bombas molotov. Pese a que su familia y su defensa alegan su inocencia, el pasado 30 de noviembre del 2021 fue trasladado a Colina Uno, en donde sigue cumpliendo presidio efectivo. De este modo, Francisco se convirtió en el primer condenado del estallido social

Han pasado tres meses desde que Francisco fue trasladado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina Uno, pese a todos los esfuerzos de su familia por impedirlo. Incluso su abogado, Lorenzo Morales, postuló al joven al beneficio carcelario de pena mixta; es decir, reemplazar la condena de privación de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, puesto que cumplió el tiempo mínimo para acceder a derechos intrapenitenciarios.

Sin embargo, un informe realizado por Gendarmería –el 29 de septiembre de 2021– y presentado ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, afirma que Francisco posee un alto nivel de reincidencia, con un padre que consume alcohol, cocaína, y una red de apoyo que carece de problematización de los hechos, ya que “sus familiares no logran posicionarse frente al actuar de Francisco Hernández, dando cuenta de una ausencia de figuras significativas que actúen como agentes de control”. El informe fue firmado por Juan Carlos Muñoz, jefe (S) del Centro de Reinserción Social Santiago Occidente.

Ante esto, el 12 de octubre de 2021, la defensa del joven envió un oficio al tribunal con la intención de debatir el cuestionamiento de Gendarmería sobre la postulación a la pena mixta de Francisco, primer condenado del estallido social.

“En la audiencia respectiva llegó informe negativo para el otorgamiento de la medida, no obstante que en el contenido de él hay cuestiones fácticas falsas y atentatorias para la integridad del documento expedido por gendarmería, la cual en términos formales no es emitido por la unidad psicosocial de Gendarmería, lo cual es metodológicamente poco consistente. Tampoco se ha realizado un informe psico socio criminológico (DPE), con firma de un asistente de reinserción social”, se detalla en el documento realizado por Lorenzo Morales.

Para desmentir la versión de Gendarmería, el padre de Francisco, Segundo Hernández, se realizó un test de alcohol y drogas en el Centro Médico del Trabajador, siendo el resultado negativo. También en el informe aseguran que Francisco “no cuenta con trayectoria laboral que sustenta su salida al sistema abierto, además de no observarse un desarrollo de hábito laboral en el medio libre”, lo que es refutado por su defensa, puesto que el joven, antes de ser encarcelado, trabajaba como ayudante de gásfiter junto a su hermano, quien se dedica al rubro de la construcción –información acreditada vía Servicio Impuestos Internos.

–Este informe no está firmado por el departamento social, y finalmente es un informe forzado, porque se demoró seis meses en llegar al tribunal. Lo firmó una autoridad que no es del área social de Gendarmería; incluso aseguran que llamaron a su mamá a un número de celular que no es de ella, y posteriormente afirman que su padre tuvo actividad delictiva, lo cual no es así. Denunciamos esto al tribunal, y tenemos la certeza de que este informe fue realizado por presiones políticas superiores, presión proveniente de una autoridad política asociada a Gendarmería –explica Morales.

Finalmente, Francisco no pudo acceder al beneficio, por lo que su padre interpuso una querella en contra de Juan Carlos Muñoz Amigo, jefe (S) CRS Santiago Occidente y todos quienes resulten responsables por falsificación de instrumento público, ya que el informe falta a la verdad de los hechos mencionados, y que “claramente la acción de los funcionarios involucrados en esta presentación no se ajustó a la doctrina institucional, pues no fueron ni eficaces ni profesionales en su actuar. De hecho, su actuación fue tal que se apartaron expresamente de la norma legal”

Además, en octubre de 2021, el área psicosocial de Gendarmería realizó un informe sobre Francisco denominado Diagnóstico Psico Criminológico Específico (DPE), el cual no ha sido presentado por la autoridad de Gendarmería.

Mientras tanto, Francisco Hernández sigue cumpliendo su condena en Colina Uno.

Créditos foto portada: Lom ediciones y Gabriela Cruz

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