Carabinero fue formalizado por disparar a niña de 12 años, el mismo día que Yáñez negó uso de armas contra civiles en el estallido

La semana pasada, el General Director de Carabineros aseguró que los uniformados no usaron armas de fuego contra civiles durante el estallido social. Sin embargo, el mismo día que Ricardo Yáñez daba esas declaraciones en televisión, la justicia formalizó la investigación contra el capitán Gonzalo De la Costa, acusado de disparar contra una menor de edad en San Joaquín en marzo del 2020. El funcionario también está inculpado de haber percutado su pistola contra Miguel Ramos, herido por un impacto de bala cinco meses antes, en el inicio de la revuelta.

Por Cristóbal Cruz

“No hubo ningún carabinero que sacara su arma de fuego y disparara contra las personas”, aseguró en televisión abierta el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez. Aquel jueves 28 de abril, la máxima autoridad de la institución policial se refirió a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el estallido social.

“Se utilizaron los elementos que eran menos letales y menos lesivos para generar el menor daño posible a la comunidad”, insistió el uniformado, que remarcó en dos oportunidades que Carabineros no estaba preparado para enfrentar la coyuntura socio-política que remeció al país desde el 18 de octubre de 2019.

Sin embargo, los hechos rápidamente desmintieron las afirmaciones de Yáñez. Una prueba balística revelada en exclusiva por LaRed.cl concluyó que el teniente Joaquín Muñoz disparó contra Aníbal Villarroel, joven de 26 años asesinado el 18 de octubre de 2020 en la población La Victoria.

Pero este no es el único caso que contradice que Carabineros no usó sus armas de fuego contra civiles durante la revuelta. El mismo jueves 28 de abril, mientras el General Director era entrevistado en televisión, la justicia daba inicio a la investigación por el baleo de una niña de 12 años a manos de un funcionario policial luego de dos años de inactividad de la causa. El 12º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó así al capitán Gonzalo De la Costa Lara, imputado por el delito de lesiones graves y disparo injustificado contra la menor de edad de iniciales A.H.M.

Además, y en el marco del mismo proceso, De la Costa enfrenta cargos de homicidio frustrado y disparo injustificado contra Miguel Ramos, que recibió un impacto de bala cinco meses antes que A.H.M, en circunstancias similares a las de la menor de edad: en medio de manifestaciones en la comuna de San Joaquín, el uniformado utilizó su arma de servicio e impactó a dos civiles con sus balas.

“Por milímetros que la niña no se me desangra”

“Fue una semana horrible, a mi nunca más se me va a olvidar esa semana”, dice Jennifer Méndez al recordar los días posteriores al 2 de marzo del 2020. Ese lunes por la noche, mientras acompañaba a un amigo desde su casa al paradero de Avenida Las Industrias con Teniente Soto, su hija A.H.M recibió el impacto de una bala que ingresó por uno de sus muslos, rozó sus genitales, fracturó su pelvis y terminó alojada en su otra pierna, según consta en la investigación judicial.

La menor de edad, que entonces tenía 12 años, se topó con las manifestaciones que se desarrollaban en ese momento en La Legua luego de la convocatoria a la primera marcha del año. A casi medio año del inicio del estallido, el descontento social seguía latente y la tensión en las calles estaba lejos de disiparse.

“Carabineros se retira del lugar y no presta ayuda”, afirma la madre mientras relata los hechos. De acuerdo a su testimonio, solo la gente que se encontraba en el lugar socorrió a la niña antes de que llegara la ambulancia que la trasladó al hospital pediátrico Exequiel González Cortés. Allí estuvo hospitalizada casi una semana –recuerda Jennifer–, fue intervenida para extraer la bala y luego quedó postrada cerca de un mes producto de la fractura en su pelvis. Todo debido al disparo que, según comprobó el peritaje balístico, percutó el capitán Gonzalo De la Costa, de la 50º Comisaría de San Joaquín.

Pese a las heridas, la víctima se mantuvo fuera de riesgo vital. Sin embargo, resquicios del miedo a un desenlace más dramático aún habitan en la mente de su madre.  “Por milímetros que la niña no se me desangra”, explica Jennifer, asegurando que la bala se alojó a una ínfima distancia de la arteria femoral.

El disparo dejó en A.H.M una notoria cicatriz en la pierna producto de la operación –cuenta su madre–, además de importantes secuelas psicológicas, con un cuadro de estrés post-traumático que se hace difícil de llevar viviendo en La Legua. “Vivimos en una población donde se escucha mucho balazo, entonces eso repercutió en ella después. Escuchaba una bala y se asustaba. Estuvo mucho tiempo con psiquiatra, con psicólogo”.

“Mi idea es poder sacarla de acá luego, que salga del contexto de la balacera. Si hay alguien del Gobierno que me pueda ayudar para sacar a mi hija de acá… necesito sacarla de aquí”, comenta Jennifer mientras reflexiona en voz alta sobre posibles soluciones a su problema.

Firma mensual para el carabinero imputado por dos baleos a civiles

Una vez que tomó conocimiento del caso, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) asumió la defensa de A.H.M. “Fuimos a verla al día siguiente de ocurridos los hechos y la querella fue interpuesta dentro de la misma semana”, señala la abogada de la organización, Mariela Santana.

Recién hace dos semanas la investigación judicial fue formalizada y Fiscalía le imputó al capitán Gonzalo De la Costa los delitos de lesiones graves y disparo injustificado por el caso de A.H.M. Esta causa, además, agrupa otro caso que involucra al uniformado y en donde está inculpado de disparar contra un civil en el estallido.

Cinco meses antes de lo ocurrido con la menor de edad, el 19 de octubre del 2019, un disparo efectuado por el funcionario policial impactó en el pie derecho de Miguel Ramos, provocándole una fractura expuesta. “Habría tenido lugar en un procedimiento por saqueos en un supermercado que se encontraba en un lugar cercano a donde estaba la víctima”, indica sobre estos hechos Beatriz Contreras, jefa regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que es querellante en la causa.

Respecto del largo tiempo que pasó entre el disparo recibido por A.H.M y el inicio de la investigación, Santana considera que “no hubo un actuar muy diligente por parte de la Fiscalía” ni tampoco “colaboración de la institucionalidad en materia de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

“Por mucho tiempo fuimos los únicos querellantes. Más de un año después se incorporó el INDH como querellante, y siempre la madre esperó que la Defensoría de la Niñez se hiciera parte, y no lo hizo finalmente”, detalla la abogada.

En ese sentido, la representante de Codepu cree que la causa pudo haber avanzado más rápido si estas instituciones se hubieran querellado antes, en el caso del INDH, o si se hubieran integrado en absoluto al proceso, en el caso de la Defensoría de la Niñez. “Sin duda que le da mucha más fuerza a la investigación el contar con varios querellantes”, concluye.

En la audiencia de formalización, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago dictó 120 días de plazo para la investigación y, pese a que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, decretó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional, además de la prohibición de acercarse a la menor de edad.

“Encontramos muy grave el hecho de que no se haya decretado la prisión preventiva en contra de este funcionario que todavía está en servicio activo, porque es un agente del Estado que ha incurrido en conductas reiteradas”, comenta al respecto Mariela Santana.

La abogada también remarca que Codepu interpuso un requerimiento ante Contraloría para que se evalúe la posibilidad de dar de baja al funcionario de Carabineros. En tanto, y luego de que el Ministerio Público apelara la decisión del tribunal de primera instancia, este jueves 5 de mayo la Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó las medidas cautelares contra el capitán De la Costa.

Al cierre de esta edición, La Red no pudo confirmar si el Ministerio Público apelará ante la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones en cuanto a las medidas cautelares del caso.

OBSERVACIÓN: La información contenida en este reportaje corresponde a una investigación judicial en curso, la que puede sufrir variaciones. No constituye aún una verdad judicial.

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