Ciberpatrullaje durante el estallido: Cómo el Estado utilizó Internet para vigilar a la prensa

Durante la revuelta de octubre la prensa independiente tuvo un rol clave a la hora de informar lo que otros medios no querían o no podían llevar en sus pautas. Sin embargo, eso tuvo como consecuencia la detención de comunicadores y casos de espionaje a periodistas. 

Por Fernando Caro y Elena Carreño

“¡El del casco rojo!” Se escucha gritar a un carabinero sobre un furgón de detenidos estacionado en el sector del Museo de Bellas Artes, durante una de las tantas movilizaciones que se vivieron en Santiago desde el 19 de octubre de 2019. “¡Ese del casco rojo… está en vivo!”, insiste el policía.

“¿Pueden apagar los monitores por favor?”, ordena a continuación el uniformado. “Todos. Los tres y usted también su teléfono”, reafirma. “¡Apáguelo, si está aquí en vivo, lo estoy viendo (en mi teléfono), apáguelo por favor!” reitera y asegura a viva voz que la ley chilena lo autoriza a dar esa orden.

Boddy Chacón Arévalo, conocido como “Alma Negra” es el reportero interpelado que se niega a parar la transmisión. “La ley de flagrancia advierte entonces el policía- me autoriza a requisar sus cámaras porque ustedes estaban grabando ¿ya?”.

Hoy, meses después de los hechos, este reportero de Agencia Panoptik recuerda más detalles. “Nos fuimos a la comisaria y me dicen que se hizo la detención solo para un control de identidad y para nuestra seguridad y me soltaron. O sea, lo único que ellos quieren es sacarnos del momento para no seguir registrando”, dice.

La historia, que podría ser un hecho anecdótico, se suma a otros incidentes donde queda en evidencia que el actuar policial persigue en ocasiones silenciar transmisiones y publicaciones de medios independientes, sobre todo en la cobertura de movilizaciones.

Pero no es lo único.

Control en la red

A partir del estallido social, medios independientes como Piensa Prensa o ChileOkulto lograron sumar cientos de miles de seguidores en redes sociales, en medio de una intensa cobertura de los acontecimientos, con enfoques alternativos a los de la industria informativa tradicional.

Sin embargo, no todo fue auge, pues también enfrentaron problemas, a veces inesperados. De hecho, el último Ranking de Libertad de Expresión, elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), evidenció una serie de trabas a la labor periodística en Chile, incluidas detenciones de comunicadores y casos de espionajes a periodistas. También detalló presiones a reporteros para que firmaran artículos con información que desconocían.

En ese contexto, una de las situaciones más complejas fue la llamada “censura algorítmica” según la académica Patricia Peña, directora de Datos Protegidos, la que ocurría cada vez que las plataformas de Internet bloqueaban contenidos o cuentas de medios independientes, provocando la invisibilización de su trabajo.

“Era mucha la cantidad de bots… pero además enfrentábamos a los algoritmos. Por ejemplo, nosotros poníamos ‘Carabineros’ y no se subían esos tuits. Les cambiábamos la letra y ahí sí subían”, cuenta el editor de Piensa Prensa, Miguel Ángel Espinoza.

Sobre lo mismo, agrega que en muchas ocasiones eran víctimas de denuncias masivas. “Se ponían de acuerdo para atacarnos y teníamos que crear una segunda cuenta, cuando nos bajaban. Afortunadamente los seguidores los recobrábamos (…). En Instagram, nos llegaron a bajar con casi 600 mil seguidores”, recuerda.

Las agresiones digitales, siempre asociadas a hitos informativos, pasaron también al plano físico, como cuando revelaron -a través de un video- la participación del teniente coronel de Carabineros Carlos Guzmán Crespo en el disparo que dejó ciego al estudiante de sicología Gustavo Gatica en octubre de 2019.

Tras la difusión de ese material informativo, Miguel Ángel Espinoza fue amenazado por grupos que defendían el accionar de Carabineros en las protestas.

El momento más delicado lo vivió cuando se percató que estaba siendo vigilado en su propio domicilio, al que incluso llegaron a gritarle improperios, lo que motivó la apertura de una investigación que sustancia la fiscal Ximena Chong.

“Me funaron dos veces, intentaron quemarme la casa e intentaron entrar. Puse cámaras porque sabíamos que se venía algo feo. Mis compañeros también fueron perseguidos. Amenazaron a mi pareja. Nos querían cagar psicológicamente. Nos amedrentaban en la casa, pero seguimos”, recuerda.

“La denuncia la hice personalmente porque eso me lo recomendó un fiscal y al ingresarla me ofrecieron funcionarios de la PDI para protección, pero era un contrasentido porque podían avisar que vivía en mi casa y luego con una abogada presentamos un recurso de protección porque el miedo no nos podía frenar. Todo el proceso quedó ahí porque era muy difícil saber quiénes eran. Nos querían amedrentar. Nos llamaban por teléfono. Que retiráramos la denuncia… fue una persecución”, enfatiza Espinoza.

Otros casos

Otra de las cuentas atacadas fue la de ChileOkulto, la que incluso fue mencionada en un informe basado en un supuesto análisis de big data con que el gobierno de Sebastián Piñera intentó justificar el despliegue de policías y miembros de las fuerzas armadas en las calles.

Esta cuenta sufrió la baja de sus perfiles aduciéndose entre otras causales contenidos violentos o inapropiados, cuando en realidad era cobertura del accionar policial. Lo mismo ocurrió con Señal 3 de La Victoria, El Pueblo Informa y otros medios independientes.

“Tuvimos que lidiar con las suspensiones de nuestras cuentas en Facebook o Instagram. Nos llegaban notificaciones repentinas de que por determinado tiempo no podíamos subir nada, lo que claramente nos afectaba. A la hora de pedir explicaciones, están no se daban”, señala Nicolás, editor de El Pueblo Informa y quien no quiso revelar su apellido por seguridad.

Ciberpatrullajes

Para Boddy Chacón lo ocurrido en enero en el Parque Forestal se sumó a anteriores arrestos también en el marco de la transmisión de protestas. Durante meses este reportero de Agencia Panoptik registró lo acontecido en Plaza Dignidad y si bien conoce el actuar de las fuerzas policiales con la prensa, en ocasiones no deja de sentir temor por lo que podría ocurrirle. “Yo tengo muchas cosas, pero no sé. A veces creo que también es un poco de miedo por tantas veces que te amenazan, te detienen, te escriben en Instagram (…) Es complejo para nosotros. Si ya estamos prácticamente crucificados con lo que hacemos, ¿qué pasaría si sacamos lo que tenemos? Es como sentenciarse uno mismo”, señala.

Según expertos, la alta penetración de las redes sociales en la población las convirtió en un espacio de vigilancia para las policías, el Estado y los aparatos de inteligencia, en general.

“Quienes más han sufrido este seguimiento es Piensa Prensa. Ellos tienen mucha notoriedad y hacen público casos más evidentes (…) las grabaciones de ellos se empiezan a usar en juicios”, acota Javier García del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) de la Universidad de Chile, institución que elaboró el primer informe acerca de los abusos cometidos por agentes del Estado en contra de la prensa en Chile.

“Ellos -ahonda- se convirtieron en un objetivo porque eran un enemigo y además estaban poniendo nombres y apellidos de agentes. Aquí -supongo- la policía ha actuado corporativamente porque han tratado de auto defenderse. Hay que ver hasta qué punto determinados policías son parte de grupos extra policiales organizados”, apunta García.

Vía transparencia el gobierno responde que no existe este tipo de prácticas por parte de la policía, ni que se han llevado a cabo reuniones con altos representantes de las compañías de redes sociales, pero es público, a raíz del seguimiento realizado a algunos fotógrafos de marchas sociales, que la inteligencia policial sí utiliza “fuentes abiertas”, obtenidas de “ciber-patrullaje”.

Para los expertos en ciber seguridad no es comparable el patrullaje de la calle con el de las redes sociales principalmente porque en la calle hablamos de un espacio público y en las redes sociales debería primar el criterio de privacidad, derecho consagrado para las personas y su entorno, entonces “es más bien un patrullaje dentro de nuestras casas”, advierte García.

Pandemia

Y no sólo con estas herramientas pudo contar la policía para saber quiénes eran los comunicadores que cubrían las manifestaciones.

En el marco de la pandemia y las cuarentenas, el gobierno restringió los permisos de desplazamiento para realizar labores informativas sólo a quienes fueran periodistas de medios formales, con contrato formal, inicialmente.

El Colegio de Periodistas objetó aquellas restricciones y bregó porque los comunicadores o periodistas independientes también pudieran acceder a una acreditación.

No obstante, para el ODC esto permitió a Carabineros catastrar en detalle a los periodistas independientes, pues era esta institución policial la que entregaba los permisos y/o salvoconducto.

Además, en opinión de Javier García, hay indicios de que esa información no fue adecuadamente resguardada y transitó hacia grupos civiles de apoyo a Carabineros. “Informaciones o cuestiones policiales han terminado en el departamento de inteligencia y que hacen seguimiento, y también han acabado en grupos privados, de bots y que han promovido amenazas contra estos medios. Eso lo vimos sobre todo en la campaña del rechazo”, detalla el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación.

“Lo que hicieron fue ilegal y porque el Gobierno quería frenar las manifestaciones y a los medios independientes que estaban en la calle”, argumenta Miguel Ángel Espinoza.

El poder del algoritmo

En diciembre de 2019, el presidente Sebastián Piñera dijo a CNN en español que las imágenes que denunciaban abuso policial “no eran de Chile y se trataba de montajes falsos”, que obedecían a una campaña de desinformación “gigantesca” con videos circulando en Facebook, Instagram y Twitter “filmados fuera de Chile” o “tergiversados”. “En eso ha habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras”, insistió.

Las declaraciones del mandatario coincidieron con el hecho de que muchos medios independientes debieron tener cuentas alternativas en las redes sociales, debido a que las originales fueron bajadas por las plataformas ante denuncias de sectores contrarios a las manifestaciones.

La académica Patricia Peña, miembro también de la Fundación Datos Protegidos, señala que existe un uso ingenuo de las redes sociales y si bien siempre ha existido en ellas un sistema de moderación de contenidos, existe una censura algorítmica que tiene un efecto perverso en cuanto a libertad de expresión, a su juicio.

“Cuando hay situaciones de crisis o conflictos estos algoritmos terminan siendo una censura de contenido porque impiden que te relaciones con ese material (…) Tienes que asumir que las plataformas comerciales tienen operando algoritmos y sistemas automatizados basados en sus políticas de generación de contenido que pueden generar situaciones de censura”, apunta la periodista.

Junto con la proliferación de denuncias en redes sociales, se dieron también otras “anormalidades” respecto de las publicaciones. Según varios de estos comunicadores palabras como Carabineros tuvieron que ser transformadas a Carabinerxs para que los algoritmos les dieran “ancho de banda” y publicar finalmente sus historias. De hecho, a nivel planetario la palabra ACAB antecedido del hashtag que nos permite organizar las comunicaciones en las redes sociales simplemente dejó de ser visible por meses.

Pendiente de estos episodios y de los constantes problemas de moderación de contenidos en las plataformas ha estado el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Contingencia (Observacom).

Esta instancia presentó en octubre de 2020 una propuesta para regular las grandes plataformas abocando por una co-regulación que mezcle la regulación estatal y autorregulación de estas instancias, pero donde primen obligaciones sobre transparencia, rendición de cuentas, medidas para garantizar el debido proceso, el derecho a defensa de los usuarios, y que los términos de servicio que imponen las plataformas no sean abusivos.

Censura en Latinoamérica

En un mundo globalizado, nada es aislado. Los últimos 3 años América Latina enfrentó estallidos sociales que hicieron a la población salir a las calles en medio de crisis políticas y demandas económicas. Primero fue Ecuador, luego Chile y le siguió Colombia.

La crisis que vivió el gobierno colombiano de Iván Duque tuvo mucho de similitud con lo sucedido en Chile. Se contabilizaron “apagones” de internet en las ciudades más convulsionadas como Puerto Resistencia, Medellín o Cali, detenciones de periodistas y hubo denuncias de que las fuerzas policiales obstaculizaron la difusión de lo que ocurría en las manifestaciones.

Emulando la experiencia chilena, la Fundación Karisma de Colombia implementó un formulario para que quienes pudiesen verse afectados con la generación de contenidos pudiesen denunciarlo.

“Arrancamos un sábado y en menos de una semana sólo habían llegado siete (denuncias). Pero, luego, en un día (el 7 de mayo) hubo más de cien formularios, todos de Instagram. Nos contactamos con ellos. Ahí estaba pasando algo. Escogimos los más simbólicos (….) se los pasamos, ellos hablaron con ellos e Instagram se comunicaron y se solucionó. Dejaba la duda de que algo había pasado porque fue en Colombia. Hubo un día con 900 reportes. Instagram nos dice que se iba a solucionar y era sobre todo con las historias. Nos dicen que era un ‘bug’ y que también había sucedido en Canadá, Estados Unidos e Israel y nosotros seguimos presionando. Pudo ser casualidad, pero los contenidos eran todos de protesta. En esos países también era por una conmemoración de pueblos indígenas y en Israel porque habían empezado los ataques a Palestina” señala desde Colombia Carolina Botero, directora de Karisma.

También hubo casos de ciberpatrullaje donde surgen interrogantes el interés por desacreditar lo que estaba ocurriendo en las calles. El CAI virtual (Centro de Atención Inmediata virtual de Colombia) es el órgano encargado de la detección de delitos informáticos o de incidentes cibernéticos que afectan a los ciudadanos.

De acuerdo con Juan Pablo Madrid-Malo, coordinador de la Fundación Para la Libertad de Prensa en Colombia, la policía empezó a recopilar noticias y chequeos que hacían medios de comunicación y replicaban esta información como información falsa chequeada. “La policía está monitoreando las comunicaciones que en principio son públicas para determinar si algo es cierto o no en base a criterios propios es decir no hay criterio independiente que nos corrobore aquello”, añade.

En Ecuador la situación también fue similar. “Ahí si hubo una baja de internet y si tuvieron evidencia de shutdown… luego nos llegaron avisos de que se habían bajado cuentas de Instagram, Facebook y que se habían bajado contenido de algunos medios que habían subido registros de violaciones a los derechos humanos” señala Patricia Peña.

Todos estos episodios han sido recogidos y denunciados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que los organismos que se han encargado de recopilarlos coinciden en sus críticas.

“Lo que preocupa es que se esté monitoreando a la ciudadanía y el efecto inhibidor que ello genera sobre la población y, de paso, también sobre los medios de comunicación. Porque si nosotros estamos acá hablando y tuiteo cualquier cosa, ¿estoy en una lista del gobierno y qué va a significar ello para mí? Sobre todo en un país como Colombia (…) Hacer seguimiento a lo que se está diciendo tiene repercusión primero en la autocensura que ejerce uno como ciudadano al ya no querer expresarse y también en los medios”, sostiene Juan Pablo Madrid-Malo.

Sobre lo mismo, Patricia Peña señala que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho esfuerzos y generado espacios de diálogo y multisectoriales porque esto no solo puede estar en manos de empresas con autorregulación ni tampoco en manos de los estados porque corremos el riesgo de que se quiera regular todo, como se quiere hacer actualmente en Chile con el proyecto de ley de Plataformas Digitales, pero esto también significa ponernos mordaza o preguntarnos qué pasa con ello en sistemas dictatoriales”.

Fotos: Shutterstock

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