Denuncias sexuales: el calvario de mujeres que piden justicia cuando Fiscalía y policías les dan la espalda

Carabineros, el Ministerio Público y el Poder Judicial son cuestionados por las organizaciones feministas y por víctimas de violencia sexual. Además de denuncias que son archivadas sin investigar, se acusan tratos burlescos y revictimización al momento de acudir a la justicia. Como si esto fuera poco, hay un caso en que Fiscalía decidió no perseverar pese a que la víctima era menor de edad.

Por Marcela Mellado

Diversos estudios de profesionales del derecho y de organizaciones feministas revelan las falencias de las instituciones en materia de acceso a la justicia por parte de mujeres que han sufrido violencia de género y, sobre todo, en delitos de abuso sexual o violación.

Paloma Galaz Lillo, abogada del Estudio Jurídico AML Defensa de mujeres, especializado en temáticas de violencia de género y derechos humanos de las mujeres, da cuenta de esa realidad y reconoce que el Estado se encuentra al debe. “No alcanza a tener la cobertura integral que debiera tener en violencia de género”, asegura.

Galaz, quien por cuatro años fue encargada nacional de casos de femicidio y casos de connotación pública en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), confiesa que “el sistema y todos los programas del SERNAMEG no dan abasto”.

“Las listas de espera en los centros violencia sexual son gigantes y éstos no existen en todas las regiones. Para la Región Metropolitana hay uno, para Valparaíso hay uno, y son regiones grandes”, explica la abogada.

Esta es solo una de las aristas del entramado burocrático al que se deben enfrentar las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, un camino hostil que deben transitar al denunciar estos crímenes y que está marcado por la falta de justicia y la revictimización.

Existe una “Ruta Crítica de la denuncia” que dice relación con las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia cuando deciden recurrir a las instituciones del Estado en busca de protección o de ayuda, pasando por Carabineros o PDI, Fiscalía y los Tribunales de Justicia, encontrando en ellos, en muchas ocasiones, una relativización de las denuncias.

L.A.V. es una mujer de 23 años, a punto de graduarse en química en una universidad tradicional. Fue víctima de una violación con violencia cuando tenía 16 años. En medio de una fiesta un amigo la vio durmiendo en la cama y la tomó con violencia, le tapó el rostro con una almohada y la violó. 

Ella se demoró tres años en tomar valor para denunciarlo. Para hacerlo, lo hizo con los datos del abusador y unos chats en los que él reconocía lo que hizo y pedía perdón. Con esos antecedentes el Ministerio Público recogió el testimonio de la víctima en fiscalía de Peñalolén y Macul.

“Me recibió una fiscal que no se identificó, por eso ni siquiera pude después poner una queja. Me trató pésimo, con desidia y mala onda. Yo estaba desecha de tener que contarlo todo, me demoré un montón en asumir lo que me había pasado. Y ella no hizo nada. me miró y me dijo ‘pucha mira vamos a tener que archivar tu causa porque solo tengo tu testimonio’. ¡Y yo le llevé pruebas! y se lo dije, pero ella me contestó, con eso no basta… tenía una confesión del violador escrita y me dice que con eso no basta… Salí desecha, no paraba de llorar. Y yo que confiaba en la justicia y por eso no lo funé, porque pensé que me escucharían. Yo era menor de edad y este violador me destrozó la vida”, relata.

El crudo testimonio de la víctima no hace más que develar una realidad existente en nuestro país y que según Galaz son prácticas enquistadas en toda la institucionalidad del Estado.

La Ruta Crítica de las mujeres víctimas de violencia sexual

En el mes de julio del año 2020, en plena pandemia de COVID19, una mujer de 26 años, salió de su casa en la localidad de Pichilemu para pedir auxilio a una vecina, a quien le relató que había sido víctima de violación tras estar compartiendo con dos hombres su hogar. Llamaron a Carabineros y cuando éstos llegaron, las encontraron en la calle, llevándose detenida a la víctima por no haber respetado el toque de queda. Pese a la constatación de lesiones de la mujer, Carabineros la mantuvo detenida y al otro día pasó a control de la detención, según consignó un matutino en aquella oportunidad.

Este relato no es un caso aislado. Hace eco en otras congéneres que han sufrido algún episodio de violencia de género pero se han encontrado con barreras que en muchas ocasiones hacen que se desistan de continuar con los procesos.

“Lo vimos en pandemia, donde en las comisarías les decían a las víctimas ‘devuélvase a su casa’ o no era creíbles, como en el caso de la violencia sexual. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Pichilemu donde no se le creyó y no se le tomó la denuncia por esa agresión sexual”, relata Galaz.

“Este tipo de casos debiera ser atendido por personal altamente calificado, no es posible que la mujer que haya denunciado violencia sexual sea trasladada en un carro policial, sin condiciones de dignidad. No puede ser que a las familias se les cuestiones de por qué no denunció antes, el cuestionamiento es continuo, lo viven las víctimas en las audiencias”, relata.

“La violación en Chile tiene causales específicos entre ellos que se haya utilizado la fuerza, la intimidación, que se haya aprovechado de la privacidad de la víctima en el sentido de la persona; por ejemplo, el que yo diga que no ó que haya ausencia de consentimiento no necesariamente va a ser constitutivo en Chile del delito de violación, aunque efectivamente si no hay consentimiento, es violación” y enfatiza que “el estándar probatorio para los casos de violencia sexual, se dispara”, explica la abogada.

La alta exigencia en las pruebas respecto a casos de violencia de género lo reafirma la abogada, María Soledad Granados, especializada en Derechos Humanos y Políticas Públicas y quien dirige la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Poder Judicial.

“Se les pide a estos casos de violencia la misma prueba en relación a, por ejemplo, un robo en un supermercado, sin embargo, el robo en el supermercado ocurre a la luz del día, pueden haber cámaras, testigos, en cambio la violencia de género ¿Cuándo ocurre? si es doméstica, en la casa, generalmente no hay testigos, generalmente el único testimonio que hay es el de la personas o los efectos personales del delito y cuando se incorpora esa prueba se exige, por ejemplo, que el relato sea idéntico durante los 5 años que duró el juicio, en el caso de violencia intrafamiliar eso no va a ocurrir”, señala.

Estudios demuestran impotencia y malestar

El 25 de noviembre del año 2020 la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, organización que asesora y también realizan acompañamiento en los casos más emblemáticos a nivel nacional, dieron a conocer el estudio “Denuncié violencia y Carabineros me dijo…”: Respuestas de Carabineros frente a denuncias realizadas por mujeres que sufrieron violencia, donde se señala que en época de pandemia aumentaron los llamados al 1455 pero disminuyeron las denuncias de acuerdo a cifras  que en su oportunidad entregó el Gobierno.

“Nos preguntamos por qué habían disminuido las denuncias si habían aumentado los llamados al 1455, que es el fono que pone a disposición el Ministerio de la Mujer, y en realidad lo que hace este fono es enviar a Carabineros, entonces, decidimos llevar a cabo este estudio y nos encontramos que las mujeres tienen una muy mala acogida del personal de la institución”, dice la vocera Lorena Astudillo en conversación con LaRed.cl

El estudio, en el que  participaron 205 mujeres a nivel nacional, arrojó que más del 80% tiene una percepción negativa al momento de realizar la denuncia en dicha institución.

“Hubo mujeres que denunciaron violación y se encontraron como respuesta ‘Pero tú  tienes cara que te gusta que te violen’; entonces claro, aumentan los llamados, pero al momento de hacer la denuncia ¿con que me encuentro? con mujeres que no quieren, con mujeres que se sienten tremendamente violentadas con este tipo de respuesta”, dice Astudillo.

“En Chile no existe el concepto de violencia hacia las mujeres, existe sólo el concepto de violencia intrafamiliar y si no existe, tampoco hay políticas públicas destinada a esto y tampoco hay recursos destinados a prevenir y a promocionar una vida libre de violencia, entonces son discursos vacíos”, agrega.

Astudillo explica que la denuncia se convierte en una especie de “ruta crítica” debido a lo poco amigable que es para las mujeres y la serie de barreras que debe sortear. 

Recuerda el caso de Nabila Rifo, la mujer que en mayo del 2016 fue brutalmente agredida en la ciudad de Coyhaique. Ataque que no solo la dejó al borde de la muerte, sino que con ambos ojos amputados.

“El fallo de la Corte Suprema señala que Mauricio Ortega nunca quiso matar a Nabila. La dejó con 6 u 8 grados bajo cero en la calle, la dejó con ceguera total, desnuda, le fracturó el cráneo, le arrancó los ojos, pero según ellos nunca quiso matarla”, señala Astudillo.

Tambi´én recuerda otro caso en la misma ciudad, donde el fallo determinó que la mujer era algo así como “ligera de casco” entonces no era seguro que la hayan violado, sino, que lo más probable, es que “a ella le gustaba el leseo”.

“Las mujeres van a buscar justicia y se encuentran con este tipo de aberraciones”, dice la abogada.

Cabe señalar que La Red.cl solicitó a Carabineros una entrevista y estadísticas de denuncias por distintos tipos de violencia hacia mujeres. Si bien en una primera instancia se informó que se realizaría una entrevista con la Capitán María Fernanda Muñoz del departamento de Derechos Humanos y Protección de la Familia, finalmente fue cancelada aludiendo a una reunión impostergable de la oficial. Tampoco hicieron entrega de las cifras solicitadas.

Poder Judicial  y perspectiva de género

Galaz, señala que como estudio jurídico participaron junto a una consultora de una investigación que realiza la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Poder Judicial.

El estudio arrojó que no hay cifras específicas que hablen de violencia de género, sino que hay datos o bases de datos que hay que ir creando y cruzando. “Existe una falencia  a nivel estatal  de registro de violencia de género en las instituciones”, indica la profesional.

Asimismo, señala que “la palabra de las mujer es cuestionada, entonces esta imagen de la mujer despechada, de la niña que requiere atención, que de ociosa está haciendo pasar por el sistema a este pobre hombre porque ésta mujer no tiene nada más que hacer, como si el sistema fuera tan amigable con las mujeres para que se estuvieran colocando denuncias por cualquier cosa”.

“Los Tribunales de Familia no están especializados en temáticas de género, si no de familia, entonces somos importantes mientras seamos madres, integrantes de una familia; así también, el sistema penal, por otra parte, no está capacitado para estas temáticas sino para ver violencia intrafamiliar que se tratan igual que un hurto en el supermercado”, puntualiza.

En la conversación que la Red.cl sostuvo con la abogada María Soledad Granados de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Poder Judicial, señala que “nosotros como Estado tenemos un problema de cómo enfrentamos la violencia de género que padecen las mujeres y no solo nosotros sino en el mundo”.

“Hay un problema de incomprensión del tema, de desconocimiento de sus particularidades y esto afecta mayormente a las mujeres que acceden al sistema, uno de esos problemas es que hay escasa coordinación interinstitucional en algunas situaciones, esto se ha tratado de promover pero todavía sucede que para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas deberíamos estar todos coordinados la policía, el Poder judicial etc., en los casos de mayor riesgo ocurre, pero no ocurre con todos los tipos de violencia, cuando hay riesgos distintos y tampoco es permanente; estamos recién implementando estas coordinaciones que son vitales”. manifiesta 

Según Galaz, también hay un problema en la orgánica del Poder Judicial en la que se trabaja según “metas institucionales”.

“En las lógicas penales existe un tiempo máximo de investigación que es de dos años, desde la formalización de la investigación; sin embargo, previo a la formalización sobre todo en casos de delitos sexuales, los fiscales quieren obtener el máximo de información y realizar todas las diligencias posibles y poder tomar una decisión, porque la fiscalía  funciona a metas institucionales donde no quieren tener miles de absoluciones en juicios, es decir, si lo pueden terminar antes, lo van a terminar antes, si lo pueden cerrar administrativamente antes porque el caso no va atener una condena, lo van hacer, entonces si pueden extender una formalización, lo van hacer”, señala.

 Informe de DD.HH y Acceso a la Justicia

Hace algunas semanas la Universidad Diego Portales dio a conocer su estudio anual sobre Derechos Humanos 2021 y acceso a la justicia en el Poder Judicial, donde se observa que en materias de Tribunales de Familia han existido un poco más de avances que en otras áreas, considerando que en periodo de pandemia se establecieron canales electrónicos para poder tramitar y realizar la denuncias y, a la vez, se estableció que se pudiera declarar en forma remota.

Sin embargo, el informe también señala que el acceso a la justicia “está mediado por sus condiciones económicas, la brecha digital y la situación de ruralidad, entre otros factores”.

“Si bien el gobierno desplegó numerosas iniciativas como, por ejemplo, el acceso a nuevos puntos de denuncia con amplias campañas publicitarias, lo cierto es que la auditoría de la Contraloría General de la República dio cuenta de que no todos estos mecanismos funcionaron como corresponde, dejando en evidencia algunos de los problemas de las condiciones en que se tercerizan los programas de apoyo para mujeres que viven la violencia”.

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