El archivo oculto de la Subsecretaría de DD.HH.

Entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex conscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales. Pero también, algunos de ellos relatan en detalle, crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar. La Subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola Plaza y Marianela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación. El plazo corre.

Por Luis Narváez, desde Buenos Aires.

Lorena Fríes, actual diputada por la coalición gobernante, figura relevante en la campaña que llevó a la Presidencia a Gabriel Boric, dejó una verdadera bomba de tiempo en las frías repisas de una bodega de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Miles de documentos donde figuran relatos sobre crímenes cometidos en dictadura, perpetradores, lugares, testigos, yacen allí sin haber sido analizados. Su existencia se mantuvo en reserva no solo a los especialistas en temática de crímenes ocurridos en dictadura, que trabajan en la misma entidad, sino que también a la justicia. Un informe que mencionaba levemente su existencia fue rubricado el 8 de marzo de 2018, a sólo tres días del cambio de Gobierno del segundo periodo de Michelle Bachelet al segundo periodo de Sebastián Piñera.

Su sucesora, durante todo el gobierno de Sebastian Piñera, Lorena Recabarren, niega haber conocido esa documentación sensible ni haber recibido alguna alerta por parte de Fríes durante el traspaso de administración.

Ahora, Haydé Oberreuter, actual subsecretaria de Derechos Humanos recibió información sobre la existencia de estos documentos, un verdadero archivo testimonial, oculto durante casi cinco años, que podría cambiar el rumbo de varios juicios por delitos cometidos en dictadura que no habían podido ser resueltos por el pacto de silencio que aún existe en las filas de los conscriptos.

EL ORIGEN

Los adolescentes, de 18, que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) desde 1973, eran el estamento más grande que engrosó el contingente militar que fue desplegado por los altos mandos de las FFAA, para controlar el país con violencia y crímenes, tras el golpe de Estado contra el gobierno democrático del Presidente Salvador Allende.

Según los registros de la Dirección General de Movilización Nacional, ese año 17.524 jóvenes, todos menores de edad -la mayoría de edad era a los 21- tenían la obligación de presentarse en los cuarteles militares; 16.138, en 1974; 17645, en 1975; 20.431, para 1976. En total, 390.061 jóvenes adolescentes fueron llamados al Servicio Militar hasta 1990.

La generación de 1954, aquellos que cumplieron 18 en 1973, encabeza hace muchos años un movimiento para reivindicarse como víctimas de la dictadura. Denunciaron ante todos los gobiernos (Michelle Bachelet 1 y 2; Sebastián Piñera 1 y 2) ser víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes; torturas y traumas. Se han organizado en agrupaciones; están desparramados en todo el país; han tenido divisiones y peleas entre sus dirigentes. Aún así, lograron ser escuchados en La Moneda, el Congreso Nacional. Incluso, fueron dos veces a La Moneda Chica, aquella casa que la Universidad de Chile le prestó a Gabriel Boric y su equipo para preparar su llegada al Palacio de La Moneda. Según cifras que manejan ellos mismos, unos 30 mil exsoldados conscriptos ya han fallecido.

Un grupo de mil 800, que perdió la paciencia con el camino político, se querelló contra el Estado. Perdieron en la Corte Suprema y ahora están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro grupo, decidió continuar la vía política. La Cámara de Diputados emitió un informe en 2012 con un diagnóstico y recomendaciones. Estas se canalizaron desde el Ministerio del Interior (en Piñera 1), en tiempos de Chadwick y, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fines de 2016, quedó en manos de esta cartera, ya en tiempos de Bachelet 2.

Fue así como después de algunas reuniones, Lorena Fríes Monleón decidió que se instalara una mesa de trabajo con nueve organizaciones que representan a parte de esos 360 mil exconscriptos vivos.

Fuentes consultadas sostienen que inicialmente, la abogada no tenía en sus prioridades la situación de este grupo de personas. Sin embargo, habría tenido fuertes presiones del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, para que este tema fuera tratado en esta cartera. Años atrás, estas demandas fueron abordadas en el Ministerio del Interior, particularmente por Andrés Chadwick, durante Piñera 2010-2014.

Entonces, la Subsecretaría Fríes Monleón convocó la instalación de esa mesa de trabajo con nueve agrupaciones de exsoldados conscriptos. Esta instancia operó mediante reuniones realizadas entre julio y diciembre de 2017 tras lo cual, la subsecretaria se comprometió a enviar un informe. Éste documento, de 27 páginas, se oficializó el 8 de marzo de 2018.

Lo increíble es que dicho documento, pese a que había sido consultado varias veces -en estos cuatro años- mediante la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia), no fue advertido en su trascendencia. La mirada sobre este archivo vendría desde otro frente.

Unos conscriptos que fueron citados a declarar en el marco de una investigación por la desaparición de tres militantes comunistas, dijeron a la ministra en visita, Paola Plaza, increíbles revelaciones. Pero lo que más llamó la atención fue que mencionaron que algunas de las informaciones que le estaban entregando ya las habían dicho en relatos escritos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en 2017, y que ellos no eran los únicos que lo habían hecho. Eran miles.

En general el documento que Fríes Monleón redactó, junto a su equipo más cercano, hace referencia a la principal demanda de los exconscriptos: “ser reconocidos como víctimas de abuso y de violencia así como ser beneficiarios de distintas medidas de reparación”

El informe -asegura- se propone describir los patrones más frecuentes identificados de acuerdo a los testimonios individuales de esos casi seis mil exsoldados. Asimismo, como segundo objetivo plantea que se proponen establecer “lineamientos generales para ofrecer una respuesta desde el ESTADO”.

Pero desde esta descripción, el informe advierte lo que varios funcionarios públicos, partiendo por la subsecretaria Fríes Monleón, pasaron por alto: “se han identificado testimonios que refieren no solo a la violencia sufrida por los exsoldados conscriptos sino que también a la violencia que se vieron forzados ejercer contra civiles”.

No se trata de un párrafo aislado. Más adelante, en el capítulo 4.4 titulado “Testimonios de participación en violaciones de los derechos humanos contra civiles”, el informe que nadie vio en cuatro años, señala:

“Durante la mesa de trabajo se planteó que si bien muchos conscriptos nunca tuvieron participación en violaciones de los derechos humanos de civiles, otros no tuvieron alternativa y se vieron forzados a atestiguar o participar de los crímenes cometidos por la dictadura militar. También se señaló que hasta el día de hoy muchos exconscriptos evitan ventilar cualquier relación que hayan tenido con las violaciones de los derechos humanos por miedo a represalias”.

El texto continúa, tal vez en su parte más dramática, asegurando que “la gran mayoría de los testimonios recibidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos son testimonios que denuncian hechos padecidos por el exconscripto que suscribe el relato. No obstante, en algunos casos se reconoce participación en la custodia de prisioneros ,allanamientos, detenciones, así como en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.

Otros relatos refieren a cómo eran obligados a mantener malos tratos hacia transeúntes en horas de toque de queda o hacia prisioneros, detallando las represalias que sufrían en caso de no tratar a dichas personas con la severidad requerida por los oficiales.

Estos relatos, dice el informe …“son relevantes a la hora de comprender la manera en que la conscripción fue también un instrumento utilizado por el proyecto represivo de la dictadura.”

Pero todas estas conclusiones se basan en una muestra de sólo 200 de los 5.988 testimonios, elegidos de forma aleatoria. El resto, casi siete mil carpetas, no se han tocado hasta la fecha.

Algunos dirigentes de los exconscriptos confirman a La Red la existencia de este archivo voluminoso y que participaron activamente en la recolección de estos relatos a lo largo de todo el país.

Fue Ruben Cornejo, miembro de la directiva de la Corporación Nacional de exConscriptos quien aclaró que eran 12 mil las carpetas de conscriptos que fueron enviadas a la Subsecretaría de DDHH.

“Yo participé en esa mesa de trabajo con Lorena Fríes, donde también había algunos abogados. Se nos pidió que teníamos que reunir antecedentes de todos los conscriptos para poder ser calificados como víctimas. Conseguimos de Rancagua, La Ligua, Antofagasta, Ovalle, Maipú, Rengo, etc. Hubo un compromiso bien concreto donde se iba a intentar dar esa compensación”, aseguró el dirigente.

Precisa que “hay 12 mil carpetas que están en el ministerio de Justicia (probablemente se refiera a la Subsecretaría de DDHH). Están en una bóveda, pero no sabemos más qué es lo que pasa”.

Asegura que con Lorena Recabarren, titular de la Subsecretaría de DDHH en el segundo gobierno de Piñera, fue donde se enviaron el resto de las carpetas, pero que el resultado fue frustrante.

“Nos dijeron, en un segundo informe, que no nos podían calificar como víctimas porque los abusos cometidos contra nosotros no eran violaciones de los derechos humanos. Lo mismo que alguna vez nos dijo la Contraloría y que, por lo tanto, estaban prescritos.

“La documentación que le entregamos, creemos que se fue al tacho a la basura”, concluye Cornejo .

El proceso consistió en que cada organización se encargaría de reunir antecedentes de sus conscriptos, que sostienen haber sido objeto de abusos y delitos por parte de la superioridad oficial, especialmente, del Ejército.
Con prolijidad, se convocó a cada persona que cumplió el SMO durante los 17 años que duró la dictadura, para que completaran los antecedentes solicitados que llevará cada carpeta.

Estos consistían en una fotocopia de carné; la hoja de servicio, que es un documento que entrega el Archivo del Ejército; certificado de AFP o INP; certificado de estudios; ​​Certificado de matrimonio.

“Se pedía un relato, una historia de lo sucedido a cada uno. Nosotros en particular lo hicimos ante notario, declarando todo el daño que le sucedió con los nombres y apellidos de los soldados clases (suboficiales, cabos y sargentos), oficiales y comandantes respectivos” detalla Cornejo.

Esta información también incluye el nombre del regimiento donde cumplieron funciones, la “compañía” y “sección” (división interna de una compañía)

EL HORROR

Los conscriptos saben que se encuentran en una encrucijada ética y que esto es lo que ha provocado la demora en el planteamiento a algunas de sus demandas. Por una parte, sufrieron horrores iguales o similares a los que padecieron prisioneros políticos.

Según el informe Rettig, 30 adolescentes que cumplían con el SMO son detenidos desaparecidos y/o ejecutados.

La necesidad de muchos de ellos de ser oídos como víctimas, se cruza con la necesidad de información que buscan, hace casi 49 años, los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, para obtener verdad y justicia.

Una encrucijada que hasta hoy no tiene salida.

No obstante esto, los testimonios que están incorporados en este archivo, guardado hace casi cinco años, sin que nadie haya realizado un estudio en profundidad sobre su utilidad en las investigaciones judiciales abiertas, pueden resignificar el rol y alcance de los conscriptos.

Hugo Campos, dirigente de la Agrupación de Conscriptos de Valparaíso confirmó a La Red que los relatos sobre los graves abusos sufridos también se mezclan con testimonios sobre crímenes que fueron cometidos contra personas que se encontraban detenidas ilegalmente.

Dentro de los relatos entregados en las carpetas dice: “tengo un testimonio de un soldado conscripto que estaba custodiando un prisionero, en el Regimiento Maipo. La persona estaba amarrada con alambres, en sus manos y pies, vendado. Pasó por el lugar un teniente de reserva y le preguntó al “pelao” (conscripto) que lo custodiaba, quién era este, qué hizo. El conscripto le responde que no sabía nada de él. Entonces el teniente saca la pistola y le pega el balazo en la cabeza. Todos sabíamos quién era ese teniente, José Aliaga. Era malo con nosotros, imagínese entonces cómo sería de malo con los prisioneros”.

Agrega que este oficial, que fue reincorporado especialmente para el golpe de Estado, “a varios de los conscriptos les quebró brazos, codos. A mi me lesionó los tendones de una pierna”.

Así como este testimonio señala un perpetrador y un hecho concreto que podría ser investigado, Hugo Cornejo, de los conscriptos de Maipú relata que en parte de los testimonios que se refieren a hechos donde hubo víctimas civiles hay mención a las operaciones con que se hacía desaparecer los cuerpos de las personas que habían sido ejecutadas.

“En 1975 se cavaban fosas, donde se lanzaban cuerpos y se les colocaban explosivos. Eso yo lo presencié personalmente, en 1975, las explosiones en la pampa, cerca de Antofagasta. Luego hay cosas que no se te borran jamás de la mente. Nos ordenaban andar con un palo con un tipo de punta, recogiendo trozos de los cuerpos dinamitados, meterlos en una bolsa y cargar un camión. Luego se cavaba otro hoyo, se volvían a meter las bolsas y se volvía a hacer estallar”.

Hay otro relato de un conscripto que entrega su testimonio. “Fue un joven que en ese mismo tiempo, los soldados y oficiales lo quemaron vivo después de torturarlo. Estuvo muy grave, quedó con un 75 por ciento de su cuerpo quemado. Esa persona nunca se recuperó de esa maldad que le hicieron. ¿Y sabes usted? esa persona estuvo a bordo del helicóptero donde anduvo el general Arellano Stark, por el norte”.

Las fuentes consultadas para este artículo, todas expertas en investigaciones y juicios relativos a violaciones de los derechos humanos cometidas en dictadura, coinciden en que estos relatos deben ser leídos con rigurosidad para identificar las informaciones susceptibles de ser indagadas en tribunales, una vez que los documentos sean enviados a la justicia.

En el libro “La misión era matar” (LOM Ediciones,2000) el periodista Jorge Escalante aborda los detalles del paso de la Caravana de la Muerte por el norte del país, al mando del general Sergio Arellano Stark. Fruto de una extensa investigación personal y de los detalles del juicio, en esas páginas se identifica a la tripulación de la aeronave, pero no conscriptos. Esto podría indicar que no todos los relatos sean ciertos y deben ser cuidadosamente vistos por especialistas.

El archivo que aún está en la bóveda de la Subsecretaría de DDHH, es una mezcla de los horrores vividos, en su gran mayoría, por conscriptos. Las menciones a los crímenes y abusos contra prisioneros políticos, se estima, son un porcentaje menor, pero que son mencionados como experiencias que provocaron traumas en los ex uniformados.

Al leer los tratos recibidos por los jóvenes, en el Servicio Militar Obligatorio, las experiencias son en algunos casos muy similares a las relatadas por las víctimas civiles en el informe de la Comisión Valech:

“Me sumergían en tambores de agua me sacaban casi ahogado, me acostaban sobre una cama de espinas, también me ponían bolsas plásticas en la cabeza y me golpeaban la espalda con una varilla de mimbre”, consigna el informe.

“Nos amarraban a una cruz de pies y manos, golpeándome a patadas y puños hasta quedar inconsciente y sangrando, anteriormente nos habían puesto la corriente sentados en una silla que tenía cable en cruz y enchufaban la corriente sin ropa.”

“Fui llevado a un cuarto secreto que se encontraba en el segundo piso de la unidad, donde se encontraba un soldado semi inconsciente porque lo habían torturado y él delató que yo era socialista. me preguntaban dónde estaban las armas, que era lo que les había dicho el soldado. Luego de los golpes recibidos me llevaron a un calabozo donde estuve 25 días. Me sacaban en las noches y me torturaban subiéndome a una cama con puntas o colgándome de los pies y manos, metiéndome en un tambor con agua”.

LAS RESPUESTAS

Lorena Fríes Monleon, actual diputada por el distrito 10 de Santiago, fue la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en 2017. Su nombre y su firma sellan el oficio nº285 del 8 de marzo de 2018, dirigido a las agrupaciones de exconscriptos que en su materia señala: “entrega informe sobre la situación de los exsoldados conscriptos periodo 1973-1990”.

A continuación las respuestas que entregó, vía Whatsapp, cuando fue requerida por La Red.

-¿Quisiera ahora consultar concretamente ¿por qué dicho material no fue puesto a disposición, hace cinco años, o de los abogados de la Unidad Programa de Derechos Humanos (a cargo de los procesos judiciales por desapariciones forzadas y ejecuciones) o, directamente, a los tribunales que investigan estos delitos de lesa humanidad?

-El informe buscaba hacer una descripción de patrones y se elaboró en base a testimonios que daban cuenta en términos generales de la experiencia de exconscriptos durante su servicio militar obligatorio en tiempos de dictadura. Hasta ahí pudimos llegar en el período.

-Pero entre los 200 casos que se extrajeron como referencia, se señala claramente que relatan desde participación a descripción de roles en violaciones de los derechos humanos contra civiles. ¿No le pareció que aquello era materia de su competencia, en cuanto usted patrocina las querellas que son materia de investigación en tribunales, sobre crímenes de lesa humanidad?

-Este fue un primer diagnóstico que no existía antes y que lo que buscó era distinguir las situaciones a partir de la cual pasar a un segundo paso.

-Está clara la situación de los exconscriptos en cuanto a sus demandas. Sin embargo, el mismo informe arroja la alerta sobre información compatible con hechos que revisten carácter de delito de lesa humanidad, en causas actualmente abiertas, que no fueron informadas cuando usted tomó conocimiento de ellas. “En algunos casos se reconoce participación en la custodia de prisioneros ,allanamientos, detenciones, así como en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.

-Perdona, estaba en reunión. Los relatos de los exconscriptos discurren en términos muy generales sobre la participación que tuvieron miles de personas en su calidad de conscriptos en aquella época, en un contexto de violaciones a los ddhh. El informe pretendía tener por primera vez un acercamiento a una temática compleja en esta materia, logrando, en los pocos meses que se logró trabajar previo al cambio de gobierno, revisar superficialmente lo entregado, para elaborar un diagnóstico general.
Ellos no aportaron antecedentes, fechas, nombres ni hechos específicos que permitieran configurar una querella. La información que entregaron era muy precaria, por lo que ameritaba un segundo paso, lo que no pudimos concluir debido a que se terminó nuestro mandato.

-¿Usted convocó a la UPDH, que son los que conocen el estado de las investigaciones y causas, como para hacer esa evaluación? ¿No le parece que eran las personas idóneas para hacer esa evaluación?

Estas dos preguntas, como muchas otras, quedaron en blanco. La diputada Fríes Monleon, no volvió a responder por las 5.988 carpetas con relatos de conscriptos que estuvieron en cuarteles militares, durante el tiempo en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos de miles de personas.

Pero si Lorena Fríes no consideró analizar con celo los relatos de los conscriptos, siendo cercana a la causa de los derechos humanos, era poco probable que Lorena Recabarren -en el siguiente gobierno- lo hiciera, siendo militante de un partido de derecha (Evopoli) y con Hernán Larraín (UDI), histórico defensor de la Colonia Dignidad y la dictadura, instalado como ministro de Justicia y Derechos Humanos, supervisando.
Ella fue la subsecretaria que nombró Sebastián Piñera para dirigir la cartera durante los cuatro años de su gobierno.

Tampoco hizo nada. Según los registros de audiencias por la Ley del Lobby, publicados en la web de la institución, se llevaron a cabo un total de seis encuentros con las agrupaciones conscriptos y en al menos dos de ellas, se consignó “entrega documentos y antecedentes varios”.

Ruben Cornejo, de la Corporación Nacional de exconscriptos confirma que en ese periodo se entregaron otras seis mil carpetas con relatos de jóvenes que cumplieron su SMO en esa época, pero la respuesta fue negativa a sus objetivos. “Se redactó otro informe donde se nos señaló que la Subsecretaría de DDHH no tenía facultades para calificar por lo que no podía hacer nada”.

Pero el dirigente aclara un punto esencial para el futuro de los documentos. Las carpetas fueron entregadas sin ningún protocolo establecido formalmente. Esto quiere decir que no existen acuerdos de confidencialidad o de reserva, como los que prohíben por 50 años la desclasificación de los archivos de la Comisión Valech. Esto último fue en virtud de una ley.

“Cuando nosotros las entregamos (las carpetas) iban a quedar en una bóveda, para cuando se hiciera un informe y se calificaran. En principio iba a hacer una entrega reservada. Se entregaba el listado de las carpetas, en dos copias, timbradas. Fue un acuerdo de palabra”, plantea Cornejo, con Lorena Fríes Monleón.

INDIGNACIÓN

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, informada por La Red acerca del hallazgo de este archivo secreto, manifestó su indignación por los años perdidos para haberse investigado.

Gaby Rivera, presidenta de la histórica organización, dijo que “no puedo entender que Lorena Fríes, conociendo a las AFDD, no haya hecho lo que debía. Siempre hemos planteado como agrupación, que toda información nueva que se obtenga, debe pasar por tribunales, en primer lugar. Si eso no se hizo en el momento oportuno, no lo logro entender”.

La dirigenta, sabe mejor que nadie la relevancia de trabajar la información que apunte a esclarecer la situación represiva de víctimas de la dictadura.
Su padre, Juan Luis Rivera Matus, era uno de las 131 personas que, según el informe de las Fuerzas Armadas entregadas a la Mesa de Diálogo de 2001, habían sido lanzados al mar para hacerlos desaparecer. Sin embargo, revelaciones posteriores hechas por un ex agente del Comando Conjunto, permitieron encontrar, pocos meses después, a un costado del ex Regimiento Arteaga, en Colina, los restos de Rivera Matrus, que estaban en una fosa clandestina.

Esto puso en duda la credibilidad de toda la información entregada por militares en la instancia.

“Me parece impresentable la actitud. Es de una negligencia inexcusable la absoluta incapacidad de procesar la información. ¿Cómo es posible que miles de carpetas estén guardadas y no se entreguen a los tribunales? No importa si en esos miles de documentos existe un solo papel útil. No podían esconderlas.

Gaby Rivera es enfática en señalar que a los exconscriptos, como cuerpo militar “no les reconocemos la calidad de víctimas ni pueden pretender equiparar la situaciones vividas por ellos con la de nuestros padres, madres, hermana y hermanos. Y esto pasa porque nunca tuvieron la actitud de colaborar oportunamente, sin condiciones, cuando más se necesitaba información.”

Sobre el tiempo perdido y la necesidad de indagar los documentos, Rivera es clara en enviar un mensaje a la actual subsecretaria Haydée Oberreuter: “Lo primero que tiene que hacerse es entregar las carpetas a los tribunales, a las ministras que lo han solicitado, sin dilación. No hay otro camino. Como AFDD siempre hemos apostado por esto: quien crea tener información y cree poder ayudar, lo primero que tiene que hacer es ponerla a disposición de los tribunales”.

Una opinión similar es la que tiene Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos que ha logrado decenas de condenas contra agentes del Estado.

“Me parece grave que haya estado la posibilidad de que estos antecedentes hayan sido conocidos por tribunales, cuando estamos en medio de los juicios y que esto no ocurriera. Acceder a información de 6 mil conscriptos, es algo que ni los propios tribunales han logrado en todos estos años”.

El profesional asegura que “gran parte de la verdad, está en el segmento de los conscriptos. Muchos fueron instrumentalizados, controlados durante años por los altos mandos para que no declaren. Pero hay otros que quedaron en la calle, y han sido piezas importantes en muchos juicios”

Sobre los casi cinco años perdidos en que se pudieron investigar estos antecedentes, Caucoto es enfático: “En cinco años se perjudican mucho las investigaciones. El tiempo hace su parte y en esta temática más aún. Han desaparecido familiares, documentos, los testigos, han desaparecido los victimarios. Estamos hablando de tiempos de muerte”.

“En el caso de los familiares, todos se mueren, pero lo único que no muere es el deseo de justicia. Hay personas que solo están vivas esperando el resultado de un juicio.
Necesitamos que hablen”

En la actualidad unos de los casos abiertos, donde se están buscando el paradero de los detenidos desaparecidos es el de la Colonia Dignidad. Entre 100 y 150 personas pudieron haber sido llevadas a este recinto de alemanes, donde fueron torturadas, exterminadas y sus cuerpos quemados y lanzados a un río.

Mariella Santana es abogada de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región del Maule y hace varios años que pide diligencias para que se localice a los contingentes militares que estuvieron en el fundo, cercano a Parral, 450 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos hablando de fosas donde estuvieron los Detenidos Desaparecidos. Sabemos que fueron conscriptos los que formaron parte del contingente que trasladó, fusiló y enterró los cuerpos. Las madres y hermanas llevan años buscando información. La mayoría ha muerto en esa búsqueda. Por esto es indignante que, especialmente, Lorena Fries haya ocultado o no haya sido lo suficientemente diligente como para hacer el esfuerzo de leer todos esos relatos. Puede que ahí, hace cinco años, esté la verdad de los desaparecidos de Colonia Dignidad.”

Por ello, la profesional que integra, además, el Comité de Defensa del Pueblo, Codepu, dice que esto no puede quedar sin sanción. “Pienso que amerita al menos que Lorena Fríes responda políticamente o ante la justicia por este ocultamiento inaceptable para alguien que ha hecho su carrera política diciendo que defiende los derechos humanos”.

DESENLACE ABIERTO

Enterada de lo relatado por unos conscriptos, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza, estimó que era imprescindible consultar y solicitar de inmediato las 12 mil carpetas que se guardan en la Subsecretaría de DDHH. Mediante un oficio, que figura en el libro de ingresos de la oficina de partes de la secretaría de Estado, enviado el martes 10 de mayo, la jueza pide responder el emplazamiento en menos de una semana.

En sus manos hay más de 200 casos, cuyas investigaciones se encuentran en plena investigación, entre ellas, Colonia Dignidad, desaparición de un abogado boliviano y la matanza en Chihuio, entre otras.

Por su parte, lo mismo hizo la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes. La jueza indaga una decena de causas, entre ellas Paine, San Bernardo, y Tejas Verdes, en San Antonio.

La actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, es una sobreviviente de los tratos crueles e inhumanos que, en su caso, la Armada cometió contra ella y su familia. Para este artículo se solicitó a la encargada de prensa el registro público de las audiencias y reuniones que ella ha tenido desde que asumió. La idea era obtener el panorama completo, desde que asumió el cargo, para saber si se había reunido con exconscriptos. No obstante esto, hasta la fecha de publicación de este artículo no se recibió respuesta.

En la Subsecretaría nadie quiere hablar ni “on” ni “off the record”. El descubrimiento de este archivo secreto ha sido motivo de incomodidad y preocupación principalmente política, pese a que la actual administración no tiene ninguna responsabilidad en todos los años de investigación que ya se perdieron.

Se sabe que Lorena Fríes Monleón, militante socialista, es muy cercana al Presidente Gabriel Boric. Trabajó en el corazón del comando y en sus inicios fue la vocera del entonces candidato presidencial.

Cabe recordar que pocos meses después de esta labor, cuando la abogada estaba en plena campaña por el distrito 10, recibió críticas transversales, tras participar en una entrevista con un youtuber. En esa oportunidad rió a carcajadas ante la desatinada consulta sobre buscar detenidos desaparecidos mediante la lectura de tarot. Ante la molestia de las agrupaciones de familiares y víctimas sobrevivientes, Lorena Fríes Monleón tuvo que salir a pedir disculpas públicas: “Lamento profundamente el dolor y la revictimización que este tipo de acciones genera en miles de familias que han tenido que luchar más de 40 años por verdad y justicia, contra un Estado que ha negado una y otra vez derechos tan básicos para garantizar el nunca más”.

No obstante esto, en octubre de 2021, cuando hizo este mea culpa, también sabía que en las bodegas de la subsecretaría ella había dejado sin investigar la respuesta -tal vez- a esa incertidumbre que perdura a 49 años del golpe de estado.

Entrevista a Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de DDHH 2018-2022:

“Conocí de la existencia del informe, pero no recuerdo haberlo leído, como le digo no se hizo un traspaso formal de esa documentación ni el trabajo que se hizo en la administración anterior.”

Lorena Recabarren, ex subsecretaria de DDHH, en tiempos de Piñera 2, se tomó algunas horas para responder -on line- por Whatsapp, las consultas realizadas para este reportaje.
De hecho al final termina haciendo una especie de declaración pública que, posiblemente sea su minuta de defensa en caso de ser requerida por la justicia, al igual que Lorena Fríes Monleón, al no poner en antecedente de los tribunales hechos que constituyen delitos.

-¿Por qué estos testimonios -los que dicen relación a violaciones de derechos humanos contra civiles- no fueron puestos a disposición de los tribunales que investigan crímenes de lesa humanidad?
Hasta ahora, desde la Unidad Programa de Derechos Humanos, desconocen por completo la existencia de estos documentos.

-El informe que conocimos no tenía los testimonios y no recuerdo que haya señalado sobre esas situaciones sino más bien de las demandas de los ex conscriptos, que querían indemnizaciones en tanto víctimas. No conocí ningún testimonio que diera cuenta de hechos como los que me señalas.
En efecto, todas las reuniones que tuvimos con ellos fueron para atender sus demandas, y decían que en los testimonios habían antecedentes para considerarlos como víctimas. De hecho hay una transparencia (Sic) en la que se les señala que ese informe no puede ser considerado una instancia de calificación como ellos hubieran querido.

De haber conocido cualquier antecedente como el que me refiere, no le quepa duda que habría puesto a disposición de los tribunales esa información. Cómo lo hicimos en otras ocasiones durante los 4 años de gestión.

-Pero si usted dice haber tomado conocimiento de este informe, tiene que necesariamente haber estado al tanto que además de las situaciones propias de los conscriptos, hay información sobre participación en violaciones a los ddhh contra civiles. Sabemos que la anterior subsecretaria no lo hizo. Es decir no convocó a la UPDH para analizar los testimonios, ni tampoco puso en conocimiento a los tribunales, tal como dice el código penal. Por eso le consulto a usted.

-Para ser honesta Luis yo conocí de la existencia del Informe, pero no recuerdo haberlo leído, como le digo no se hizo un traspaso formal de esa documentación ni el trabajo que se hizo en la administración anterior.
Siempre se me hizo saber, especialmente a través de las reuniones con las agrupaciones, que se trataba de un documento en que se recogían sus testimonios para ser considerados víctimas y recibir, por ejemplo, pensiones. De hecho en algún momento conversamos sobre la posibilidad de hacer un libro de memorias. Los testimonios fueron resguardados en ese contexto.

Y así a finales del gobierno hicimos una sistematización de la información que teníamos, recibida durante las reuniones de lobby o que se hacían llegar, para hacer el traspaso formal a la nueva administración. Pero yo no revisé los testimonios que se hicieron llegar de manera particular.

-¿Sabía usted que eran 5.988 testimonios? Es una cifra difícil de pasar por alto o que no llame la atención.

-Por supuesto que no es una cifra que no llame la atención, pero cómo le digo pensamos que eran de testimonios para ser calificados como víctimas, y en ese marco es que se dieron todas las reuniones y se respondieron las transparencias o solicitudes vía página web.
Varios de ellos habían presentado sus testimonios en las instancias formales de comisiones de verdad.

A su pregunta concreta, no tuve conocimiento de que habían testimonios que reconocieran participación en violacion de derechos humanos. Si lo hubiera visto lo habría plateado a la UPDH inmediatamente, o bien a los ministros en visita.

Sin embargo, en el marco de trabajo de unas áreas de la UPDH se recibió el testimonio de un ex conscripto, y en ese caso sí se hicieron las gestiones que correspondían. Eso debe haber sido a finales del 2018 si no recuerdo mal.

-¿Cuál fue ese caso?

Tendría que preguntarle a la persona encargada por el nombre, y me imagino que por secreto de sumario no podría dar el nombre de quién testificó, pero sí recuerdo que se trató de un caso de (el Regimiento) Tejas Verdes y por tanto se ofició a la ministra en visita Marianela Cifuentes.

-¿Recuerda la o las personas encargadas de continuar las tareas respecto a estos documentos una vez que ustedes asumen la Subsecretaría, en 2018?

Es que le insisto:
1. No se nos traspasó formalmente el informe ni información sobre el trabajo que se había hecho.
2. No recuerdo con exactitud cómo es que me enteré del Informe, pero estoy casi segura que en una primera reunión de lobby con algunas agrupaciones.
3. En adelante, todo giró en relación a las demandas de los ex conscriptos para ser considerados víctimas.
4. En ese marco, mi jefe de gabinete de entonces (Nicolás Pizarro Julia) y yo personalmente, en algunas de esas reuniones, participamos, escuchamos y señalamos que no habían instancias abiertas de calificación.
5. A modo de entregar de forma ordenada la documentación que se tenía a las nuevas autoridades, se sistematizó lo que estaba en resguardo (sin leer los testimonios hasta donde entiendo) y se generó un Excel que fue entregado al nuevo jefe de gabinete (Enrique Gatica).

A raíz del reportaje, la ex Subsecretaria, Lorena Fríes, hizo llegar a La Red.cl un comunicado en el que se refiere a los hechos señalados en dicha publicación.

COMUNICADO PÚBLICO

Ante el reportaje publicado por el canal La Red sobre el trabajo realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos con las organizaciones de ex conscriptos durante la dictadura militar, declaro lo siguiente:

Que, en mi mandato como Subsecretaria de DDHH, recibimos la solicitud de asociaciones de ex conscriptos durante la dictadura cívico-militar para que se les reconociera su calidad de víctimas de dicho período, por lo que decidimos crear una mesa de trabajo que se avocara a recopilar información, la que funcionó entre los meses de julio y diciembre de 2017.

Que, dado que se trataba de un tema complejo, en el que se mezclan experiencias de víctimas y victimarios, y del que hasta entonces existía muy poca información, se buscaba realizar un primer diagnóstico. Esto, con la finalidad de contar con antecedentes que pudieran servir para determinar, con posterioridad, si se configuraba un patrón de vulneraciones a los derechos de ex conscriptos.

Que, con la información recopilada por dicha mesa hasta el cambio de gobierno, se elaboró un informe, que fue rubricado el 8 de marzo del 2018, tres días antes del cambio de mando. De la revisión de los antecedentes que dieron lugar al informe, se pudo concluir, por una parte, que habrían antecedentes -aportados por ellos a través de testimonios escritos- que permitirían suponer vulneraciones a sus derechos. Asimismo, de los antecedentes analizados hasta ese momento, no se podía determinar si habrían hechos, datos o fechas que entregaran información que pudiera aportar sobre la participación de ex conscriptos en hechos constitutivos de graves crímenes a los derechos humanos.

Que, considerando lo acotado de los tiempos, correspondía que se avanzara en una segunda etapa, de sistematización y análisis más profundo de la información recopilada. Dicho archivo y antecedentes fueron entregados correctamente a la siguiente subsecretaria, Lorena Recabarren, en el marco del cambio de administración. Ella tenía pleno conocimiento del informe, de sus antecedentes fundantes y del proceso que se estaba llevando a cabo con las organizaciones. De hecho, el reportaje da cuenta de que durante la siguiente administración llegaron más carpetas a dicha subsecretaría, sin embargo no se tomó ninguna acción con la información que se terminó de recopilar en ese periodo.

Que, el informe fue entregado a las asociaciones de conscriptos y en ningún caso tuvo el carácter de reservado o secreto. No se ocultó información. Todo lo contrario, el informe quiso ser un antecedente que permitiera sacar a la luz otro tipo de situaciones que se vivieron durante la dictadura y que pudieran ser relevantes en términos de registro y del impacto que esta tuvo sobre otros grupos de la población, en este caso de personas que producto del servicio militar obligatorio sufrieron menoscabo en sus derechos. Que, durante mi trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, el objetivo siempre fue contribuir con el avance en materia de DDHH, en particular con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. De haberse constatado situaciones que contribuyeran a ello, habrían sido entregadas a la justicia.

Lorena Fries Monleón Ex-Subsecretaria de Derechos Humanos

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