La querella con pruebas cuestionadas que la U. de Concepción se negó a retirar y que mantuvo en la cárcel por tres meses a presos del estallido

En septiembre del 2020, 12 jóvenes fueron detenidos y privados de libertad tras ser acusados de haber provocado destrozos en el campus universitario. Sus familias acusan que la acción presentada por la institución dio pie a un dudoso juicio que llevó a cinco de ellos a vivir un calvario de tres meses en la cárcel El Manzano, lo que califican como una persecución política en la que la casa de estudios participó como querellante y facilitador de la cuestionada evidencia de Fiscalía.

Por: Cristóbal Cruz M.

Durante la madrugada del lunes 7 de septiembre del 2020, la operación coordinada durante días por la Policía de Investigaciones (PDI) finalmente se concretaba y los detectives detenían en paralelo a las personas acusadas de realizar destrozos en la Universidad de Concepción siete meses antes, en el contexto del estallido social.

 El 4 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Concepción había dado luz verde a la orden de detención solicitada por Fiscalía. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de Concepción fue encargada con el allanamiento de las casas de los 11 jóvenes, seis de ellos menores de edad, identificados como autores de los delitos. La misma brigada, pero de Santiago, haría lo mismo con el otro imputado, que se había mudado a la capital.

Con el escándalo generado por el operativo, los involucrados y sus familias despertaron para enterarse de la investigación que ya por meses desarrollaba el Ministerio Público en coordinación con la PDI.

“Reventaron el portón para ingresar. Después hicieron ingreso al hogar. Era primera vez que como familia nos vemos envueltos en algo así”, recuerda hoy Elena Orellana, testigo del allanamiento para detener a su primo Alan Contreras, ambos vecinos del mismo pasaje cerrado al que entraron los efectivos policiales a eso de las 6 de la mañana.

Similar es el relato de María Contreras, que fue sorprendida con la entrada de la PDI a su casa para llevarse a su pareja, Francisco Grandón, con quien vivía junto a su hijo de 1 año.

“Hicieron tira el portón, después reventaron la puerta. Tampoco hubo resistencia de parte de nosotros, de parte de Francisco, de nadie. Ellos rompieron porque quisieron. Nos impactó totalmente, porque nunca habíamos vivido eso”, dice.

Para Esteban Arévalo, abogado defensor de tres de los imputados, la magnitud del procedimiento no se condecía con el perfil de los detenidos y solo se explica como parte de una maniobra comunicacional planificada con antelación.

“La PDI entró a las casas con los grupos especializados, que se supone que están hechos para la lucha contra el narcotráfico. Entraron armados con subametralladoras, con cascos, con vehículos especiales. Dieron vuelta las casas. No entendemos qué es lo que buscaban”, argumenta.

De inmediato te das cuenta que, además del trabajo investigativo, se hace un trabajo de comunicación para dar por establecida la culpabilidad de estos jóvenes a través de un espectacular procedimiento policial”, concluye el abogado.

El mismo día de los allanamientos, los jóvenes de entre 15 y 26 años fueron formalizados por múltiples delitos de daño a monumentos nacionales, desórdenes públicos, porte y lanzamiento de bombas molotov, incendio y daños simples.

Todos alegan su inocencia y aseguran ser, como muchas otras personas en el país, presos políticos perseguidos tras la revuelta de octubre.

En total, 176 cargos fueron imputados por el Ministerio Público. De los 12 detenidos, cinco recibieron la medida cautelar de prisión preventiva y seis, los menores de edad, fueron enviados a un régimen de internación provisoria. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

Ese juicio daría inicio a casi tres meses de cárcel que cambiarían para siempre las vidas de los seis mayores de edad y abriría una causa que se ha extendido por más de un año.

Y todo comenzó con una querella de la Universidad de Concepción que las familias de los afectados han solicitado bajar incansablemente, pero que la institución, hasta el día de hoy, se niega a retirar.

Las cuestionadas pruebas de la investigación

El 10 de febrero de 2020, la Corporación Universidad de Concepción presentó la primera de tres querellas contra los responsables de una serie de destrozos ocurridos en su campus. Los hechos, según las acciones judiciales, se desarrollaron entre el 29 de enero y el 28 de febrero.

Los delitos imputados eran daño a monumentos nacionales, robo con fuerza en lugar no habitado e incendio. El campus completo de la universidad, ubicado cerca del centro de Concepción, había sido declarado como monumento nacional el año 2017.

En las querellas, la casa de estudios solicitaba instruir diligencias de la Bipe de Concepción, lo que Fiscalía, a través del fiscal adjunto Guillermo Henríquez, ordenó el día 21 de ese mes.

La PDI comenzó una investigación de seis meses que concluyó con un informe entregado al Ministerio Público el 25 de agosto. En ese documento se da cuenta de la revisión de material audiovisual captado por las cámaras de la Universidad de Concepción, del Palacio de Tribunales y de videos de Plaza Perú solicitados a Carabineros.

Todo esto se cruzó con fotografías tomadas por un detective apostado en el centro de justicia penquista y con los perfiles de las redes sociales de los que pasarían a ser los 12 identificados e imputados por los delitos.

Según el abogado Esteban Arévalo, el caso de Fiscalía no tenía ninguna prueba sólida que acreditara la participación de los involucrados, lo que, asegura, se demuestra en el lapso transcurrido entre los presuntos delitos y la detención de los acusados.

“Los hechos que se les imputan son actos reiterativos de ciertos delitos, que se sucedieron por dos meses. Uno se pregunta, si la Fiscalía los tenía identificados, ¿por qué no se les detuvo terminando una jornada de protesta?”, plantea.

“Tener una reiteración de delitos y detener a las personas meses después carece de toda lógica, porque desde el punto de vista del fiscal, si hubiera ordenado la detención en flagrancia, hubiera tenido una prueba científica y las defensas hubiéramos tenido la posibilidad de tener una prueba científica que demostrara la inocencia”, agrega.

En concreto, Arévalo alude a una prueba química para detectar rastros de hidrocarburo que demuestren, en este caso, el uso de bombas molotov de los imputados. Para él, la ausencia de esta pericia demuestra la poca credibilidad del caso del Ministerio Público.

“Si se hubiera realizado la prueba de hidrocarburo, hubiera salido negativa. Ninguno de mis representados participó en los hechos que están en la carpeta de investigación. Esto se ve confirmado porque no existe ninguna prueba contundente, de carácter científico, para demostrar su participación”.

Arévalo asumió la defensa formal de tres de los imputados a partir de fines del 2020. Sin embargo, su cercanía con el caso se remonta a los inicios mismos de este. Durante el estallido social se dedicó a llevar causas de derechos humanos, lo que lo vinculó con redes de contactos de víctimas de Concepción.

De esa manera, cuando la PDI allanó las casas de los 12 imputados por el caso Universidad de Concepción, el abogado fue incluido en un grupo de Whatsapp de coordinación y colaboración con las familias de los detenidos.

“No tenían ningún tipo de experiencia en temas judiciales, allanamientos, detenciones. Había mucho desconocimiento, y la principal tarea fue entregar un soporte de orientación y de información”, cuenta Arévalo.

Elena Orellana, prima de uno de los acusados y quien asumiría como vocera de las familias, también recuerda la incertidumbre que vivieron en un comienzo: “Nadie había estado involucrado en situaciones como esta, entonces para todos era desconocido lo que se venía”.

La primera tarea fue intentar revocar la prisión preventiva y la internación provisoria que la justicia declaró en primera instancia para 11 de los imputados. Sin embargo, el 15 de septiembre, una semana después de la detención, la Corte de Apelaciones de Concepción solo concedió el arresto domiciliario para los menores de edad y ratificó el encarcelamiento de los adultos.

En el intertanto, el gobierno se hizo parte de la causa como querellante a través de la Intendencia del Biobío. Según los afectados, esta acción, sumada a la de la Universidad de Concepción, le dio un peso político a la causa que terminó por influenciar la decisión del tribunal.

“La universidad cumple un rol muy importante acá en Concepción. Es una universidad que tiene bastante peso, y quienes están en el directorio también lo tienen”, afirma Elena Orellana.

Dentro del directorio de la corporación, además del rector Carlos Saavedra, también se encuentra el mismo alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y la vocera de la Fiscalía Regional de Lagos y jefa de su Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Carmen Barra.

En esa misma línea, Esteban Arévalo plantea que “la Universidad de Concepción es una institución muy poderosa, que trasciende el tema educacional. Cuando hay querellas de instituciones poderosas, en un sistema judicial donde los nombramientos de los jueces dependen del gobierno, obviamente hay una presión”.

El abogado sostiene que el encarcelamiento de los imputados constituye una prisión política para criminalizar la protesta social del estallido, la que se concretó en gran parte debido a la inclusión del gobierno como parte querellante en la causa.

“Es algo que te hace entender que esto es una persecución política. La presencia del gobierno no tiene como finalidad llevar adelante una investigación, sino que marcar una presencia de que el gobierno de Sebastián Piñera está detrás de esta causa, observando e interviniendo. Tener un representante del Presidente de la República en una sala no es menor en nuestro país”, concluye Arévalo

Asimismo, asegura que, junto al Ejecutivo, la postura de la Universidad de Concepción como querellante de la causa también fue determinante: “Acá se estaba pidiendo todo el rigor de la ley, las penas del infierno y se oponían vehementemente a cualquier solicitud que pudieran hacer las defensas”.

De acuerdo a Arévalo, el abogado representante de la institución, el actual constituyente Andrés Cruz, fue una figura fundamental en la intransigencia de la universidad, calificándolo como un “criminalizador de la protesta social” y un “querellante obstinado”.

No obstante, esa mano dura, afirma el abogado, fue aflojando con el pasar de los meses, lo que se transformó en un factor clave para sacar a los imputados de prisión preventiva.

“Con el proceso constituyente, con los cambios políticos que se empezaron a vivir en el país, esta mano se soltó, y eso fue bastante notorio para los que estábamos interviniendo ahí. Y por eso, cuando se pelearon las prisiones preventivas, no hubo oposición por parte del gobierno ni de la universidad”.

El 3 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Concepción revocó la prisión preventiva para los cinco imputados y decretó arresto domiciliario completo. Durante los meses siguientes, tanto sus defensas como las de los seis menores de edad consiguieron rebajarlo a arresto domiciliario nocturno.

Esteban Arévalo interpreta esto como una señal de que la causa respondía a presiones políticas, y esas presiones políticas fueron decayendo.

 “Los jueces, con mucha más independencia, más tranquilidad, pudieron observar los mismos hechos, las mismas pruebas, y darse cuenta que la prisión preventiva no era la cautelar necesaria. Ahí te preguntas, ¿por qué en un comienzo el Poder Judicial determinó que había que tener prisión preventiva? Porque es un juicio político”.

Tres meses en El Manzano

Antes de recuperar parcialmente su libertad y regresar a sus hogares, los cinco imputados por los destrozos en la Universidad de Concepción tuvieron que soportar un traumático paso por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción.

Conocido como la Cárcel El Manzano, el recinto albergó durante casi tres meses a los acusados. Sus familias aseguran que en ese tiempo fueron múltiples las vulneraciones y vejaciones que sufrieron a manos de Gendarmería.

“Los chiquillos salieron muy mal. Les llevaban la comida fría, llena de pelos, sin utensilios. Las comidas se las gaseaban, sus mismos colchones, cosa de que no pudieran tener descanso alguno”, relata Elena Orellana.

“Hay uno de los chicos que venía con problemas psiquiátricos, y adentro se le agudizaron. Nunca recibió ayuda oportuna, no les avisaron a los familiares cuando tenía crisis. Se intentó suicidar dos veces, y nosotros no tuvimos información sino a los días después de que esto ya había ocurrido. A algunos también les pegaban”, continúa.

Si bien aún no era el defensor de tres de los imputados, Esteban Arévalo visitó regularmente a los presos de El Manzano y pudo constatar las malas condiciones y el violento trato que allí sufrían.

“Yo me propuse ir constantemente a verlos. Los defensores penales no podían estar yendo todos los días, ese rol lo suplí un poco yo respecto de todos. En un momento llegó a ser casi diario el tema de las visitas”, explica.

“La primera o segunda visita que hice fue precisamente por la denuncia que habíamos recibido de malos tratos, golpizas. Tenían que comer en el suelo, los llenaban de gas pimienta, fueron apaleados, habían funcionarios de Gendarmería que los tenían identificados como terroristas”, asegura el abogado.

Uno de los cinco jóvenes recibió agresiones graves, lo que motivó que Arévalo presentara un recurso de amparo en su favor. “Le azotaron la cabeza en el suelo. Yo lo vi el día después. Era una cosa impresionante, tenía un hematoma en la cabeza, en uno de los costados de la frente, pero era una cuestión gigante, una deformación por los golpes”, recuerda.

Finalmente la acción judicial quedó en nada, ya que ante el miedo por represalias de parte de los funcionarios del penal, se decidió llegar a un acuerdo de palabra con uno de los oficiales para detener los abusos. “Lamentablemente, cuando estás ahí y no tienes perspectivas de salir, tratas de evitar el conflicto con los gendarmes”, indica Arévalo.

“Los cambiaron de módulo, el funcionario que los catalogaba de terrorista ya no tuvo más relación con ellos, pero en un comienzo fueron muy graves los vejámenes a los que fueron sometidos”.

Una vez que salieron de prisión preventiva, las familias de los presos pudieron ser testigos de las marcas que El Manzano dejó en los jóvenes. “Se levantaba a las 7 de la mañana a bañarse, andaba todo el día con las manos atrás, en las noches él tenía pesadillas, no podía dormir”, cuenta María Castro, pareja de Francisco Grandón.

“A mi nunca me contó lo que él vio, eso se quedó allá y no me lo va a contar”, agrega Castro. La misma situación vivió Elena Orellana con su primo, quien, asegura, evita hablar de lo que vivió en la cárcel.

“Muy pocas veces ha tocado el tema de manera abierta. De repente son pinceladas que él logra manifestar, pero nunca ha contado su experiencia, todavía no ha llegado a eso”, explica Orellana.

El fallido diálogo con la Universidad de Concepción

Durante los 16 meses que ha durado la causa en contra de los 12 imputados por los destrozos en la Universidad de Concepción, las familias han intentado comunicarse con la institución para solicitar el retiro de su querella.

“En un comienzo tuvimos cero posibilidad de conversar, ni siquiera se nos recibía. Como los vientos políticos fueron cambiando, también la disposición de los directivos de la universidad fue cambiando”, señala Esteban Arévalo

No obstante, los familiares de los acusados solo han logrado reunirse en una oportunidad con los representantes de la institución, cita realizada en la universidad en julio del año pasado, en la que no participó el rector Carlos Saavedra, sino que su secretario general, Marcelo Troncoso.

En esa instancia, donde participaron Arévalo y Elena Orellana, se vislumbró un acercamiento entre ambas partes, pero esto quedó en nada. “Creo que si es que esto hubiera dependido únicamente del rector, podríamos haber llegado a un acuerdo, pero el directorio de la universidad se opuso”, afirma el abogado.

Por su parte, Orellana quedó con la impresión de que la Universidad de Concepción no tenía voluntad de escucharlos. “Para ellos prima la infraestructura, las lucas, pero no les interesa todo lo que pasaron los chicos adentro”.

Orellana incluso se topó con el rector Saavedra en noviembre del año pasado, durante actividades de la Convención Constitucional en el campus de la universidad. Un mes antes, nueve constituyentes habían pedido no utilizar las instalaciones de la institución rechazando su rol como querellante contra presos del estallido social.

Orellana asegura que, tras encarar al rector, este comprometió un acercamiento con las familias, algo que nunca se concretó: “Quedó en reunirse conmigo, anotó mi teléfono, dijo que ellos tenían toda la intención de retomar el diálogo… nunca fue así”.

De momento, la causa contra los 12 imputados sigue a la espera de su audiencia de preparación de juicio oral, la que se iba a realizar el pasado 21 de diciembre, pero que finalmente se postergó para el 11 de marzo.

Sin esperanzas de llegar a un acuerdo con la universidad, las familias apuestan por ser parte de un indulto o amnistía para los presos del estallido. El 6 de diciembre, se reunieron con el presidente electo Gabriel Boric, quien les habría prometido el beneficio.

“Se comprometió a trabajar por la liberación de los presos. Si ahora ellos se olvidan, está claro que la gente va a volver a manifestarse, eso lo tenemos más que claro, y a él también se lo dejamos claro”, dice Orellana.

María Castro remarca ese llamado: “Si Boric no da el indulto, no hace lo que prometió, a las calles se va a salir nuevamente. Y ahora no van a ser los jóvenes imputados por el estallido, sino que las familias”.

Esteban Arévalo también espera que la promesa del indulto se cumpla. Pese a eso, el abogado confía en que, en caso de que la causa siga su curso, estará inevitablemente encaminada hacia la liberación de los imputados.

“Si acá no hay presiones políticas, si estamos con un Poder Judicial independiente, esto va a terminar en una absolución, porque no hay ninguna prueba contundente. Por el contrario, existen muchas dudas que se van a plantear cuando corresponda”.

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