Silenciando con violencia la información

El Estallido Social de Octubre de 2019 sin duda tuvo efectos a todo nivel en la sociedad chilena. Los trabajadores de las comunicaciones no escaparon a ello: decenas de agresiones y detenciones de periodistas y reporteros gráficos por parte de las fuerzas de orden público, incluyendo dos traumas oculares, sólo hasta marzo del 2021. Ello, no sólo en un ambiente de cuestionamiento a las autoridades por la falta de castigo a las violaciones de Derechos Humanos: también están las críticas al uso de balines de “goma” como elementos disuasivos. ¿Cómo se vive tras recibir un disparo policial, sólo por hacer tu trabajo como comunicador? Compartimos acá los testimonios de diversos profesionales que pasaron por esa traumática experiencia.

Por Ninoska Leiva, Vanesa Fernández y Oscar Huenchunao

Nota de la Redacción: Este reportaje fue elaborado con apoyo de la Unesco y el Global Defence Fund, como parte de un programa internacional contra la impunidad de crímenes contra los periodistas. Este reportaje además parte de un ciclo de reportajes que publicaremos en cada edición de miércoles.

“Tenía el ojo derecho en el visor de mi cámara, y por trabajo me encontraba registrando una detención en curso por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros a un manifestante, en el marco de las protestas del denominado Estallido Social. Estaba tratando de tomar distancia del procedimiento cuando de pronto siento el impacto de un proyectil directo a mi rótula izquierda y un fuerte dolor en mi pierna (…) veo mucho humo y, algo aturdido, divisé a un funcionario de Carabineros tapado entero con una carabina de lacrimógenas a solo metros de mí. Solo atiné a intentar escapar del lugar en dirección al Puente Libertad cojeando y con profundo dolor. Carabineros de Chile me disparó a metros de mis piernas.” Así comienza el relato de Sergio Concha Piña, comunicador audiovisual y fotoperiodista, quien fue gravemente atacado el 28 de febrero de 2020, cerca de las 20:31 horas, frente al Hotel O’Higgins, en el último día de protestas contra el Festival de Viña y el municipio de la Ciudad Jardín.

Fuerte testimonio que continúa: “Con la ayuda de mis colegas ingresé a urgencias con la pierna sangrando y sin poder pisar ni doblar mi rodilla. El doctor de turno me indicó que me habían roto la rótula y que me tenían que operar de urgencia, con un reposo de seis meses. En la Epicrisis, el traumatólogo Dr. Alejandro Carrasco revisó los resultados de los exámenes y confirmó el diagnóstico de fractura expuesta de rótula no desplazada con indemnidad de funcionario del aparato extensor. Los gastos médicos son millonarios, sin contar los meses de mi vida que he estado sin poder trabajar. Estuve hospitalizado durante 3 días con antibióticos a la vena para prevenir infecciones por el disparo. A más de un año del impacto, aún no estoy cien por ciento recuperado”, comenta con tristeza el profesional.

Publicación de la Unión de Reporteros Gráficos de Chile (URGRACH), denunciando la acción de Carabineros contra Sergio Concha. (Fuente: Facebook URGRACH)

Casos como el de Concha no son aislados en Chile: como veremos más adelante, año tras año se producen decenas de agresiones y detenciones en contra de periodistas y reporteros gráficos que cubren manifestaciones, por parte de efectivos antidisturbios de Carabineros de Chile. Tendencia que a raíz del llamado Estallido Social se ha incrementado.

Antes del 2019, la agresión más brutal contra un miembro de la prensa desde la vuelta de la democracia se había registrado el 21 de mayo de 2008 en Valparaíso. Allí, un policía a caballo golpeó con un bastón metálico en el rostro a Víctor Salas, a la sazón corresponsal de la agencia EFE, pese a que el profesional levantó su cámara para identificarse como prensa. “Yo salí persiguiendo a este tipo, lo salí fotografiando”, recuerda. “De repente piensa uno “por qué no me puse a tomar fotos antes” viendo que ya venía con la intención, pero en el fondo pensé que yo tenía que darle tranquilidad a esta persona que viene como loco, yo veía que venía con la luma en alto… con ese fierro, porque al final es un bastón de acero forrado en caucho, pero nunca pensé que me iba a pegar un fierrazo en la cara. ¿Qué puedes esperar de pegarle un fierrazo en la cara a una persona, si no es dañarlo de por vida?”, reflexiona.

Por su parte, Sergio Concha afirma que se ha sentido “totalmente desamparado por el Estado chileno”, y que sólo ha recibido ayuda de la ONG Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS. Además de un informe de daño psicológico incluido en la querella realizada por la Defensoría Popular y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el seguimiento de su caso y presentación de querella. “Sólo estas 3 organizaciones me han ayudado, el resto de las organizaciones estatales ni me han preguntado cómo estoy. Espero que el Estado desde el poder judicial siga la investigación y realice un juicio al funcionario de Carabineros que me disparó, él está identificado pero pareciese que a nadie le importa, y para eso es fundamental que obtenga la sentencia que merece por lo que hizo. Es un peligro para nuestra sociedad y para la democracia”, declara Concha.

Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), uno de los sectores más afectados por el denominado Estallido Social de octubre de 2019 es la prensa. Sólo hasta marzo de 2021 se cuenta con 171 agresiones y más de 100 detenciones a trabajadores de las comunicaciones, según el siguiente desglose:

2019 – Entre el 18 de octubre y el 31 diciembre se registraron 27 detenciones y 103 agresiones, dos de las cuales son traumas oculares con pérdida de visión de un ojo.
2020 – Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre se registró un considerable aumento del número de detenciones (75) y una disminución en el número de agresiones (30).
2021 – Entre el 11 de enero y el 31 de marzo se registraron 22 detenciones y 38 agresiones.

Uno de los casos registrados durante el estallido fue el del reportero gráfico Marcelo Garay, quien recibió sendos impactos de balines en su mano y pierna la tarde del 18 de noviembre de 2019. Garay se encontraba cubriendo el enfrentamiento entre manifestantes de la llamada “Primera Línea” y la policía uniformada, cerca de la intersección de las calles Ramón Corvalán y Carabineros de Chile, a pasos de Plaza Dignidad. En un momento la “primera línea” es desplazada hacia Alameda por Fuerzas Especiales, por lo que la prensa se retira en esa dirección también. “Por el frente avanza un pelotón, y por el costado avanza un oficial, porque los oficiales son los que disparan. (…) Yo me parapeté en esta suerte de cono o pirámide que está en Ramón Corvalán con la Alameda”, cuenta Garay. En ese lugar continúa tomando fotos hasta que, advertido por los propios manifestantes de que podía recibir proyectiles, decide moverse hacia Alameda. “Me preocupé de mirar al policía que venía con la escopeta disparando y le levanté la cámara, en un gesto como innato. Avancé parapetado, y él dispara dos descargas, antes de que yo llegara a la cuneta”, relata. Fue auxiliado por los mismos manifestantes, quienes lo trasladaron hasta el Cine Arte Alameda, que funcionaba como puesto de primeros auxilios. Más tarde, en la ex Posta Central recibe un diagnóstico de lesiones graves: presentaba fractura, y se le extrajeron balines de su muñeca y dedo meñique de la mano izquierda.

Garay comparte la misma sensación de abandono por parte de los órganos del Estado que Sergio Concha. “Alguien tiene que hacerse cargo, porque a nadie debieran dispararle de esa manera, a nadie, ni siquiera al más puntudo de los que estaban manifestándose, al más encapuchado de todos los encapuchados. Menos, por ley, a los que andábamos haciendo nuestra pega. Yo no estaba cometiendo un delito”, manifiesta.

Marcelo Garay, en el sitio donde recibió disparos de Carabineros en 2019. Foto: Oscar Huenchunao

Los informes publicados anualmente por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , vienen alertando de forma reiterada sobre distintos problemas en el caso de Chile, tales como los obstáculos al derecho de protesta, agresiones a reporteros por parte de Carabineros, el uso del derecho penal para sancionar expresiones u opiniones, obstáculos de acceso a la información pública, concentración de la propiedad de medios, el marco legal discriminatorio hacia los medios comunitarios, falta de diversidad y pluralismo en el debate público. En los dos últimos informes sobre Libertad de Expresión en 2019 y 2020 también se deja evidencia de las agresiones a la prensa por parte del Estado. El documento expone que la violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas del orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa. Además de un sostenimiento de una cultura de “no denuncia” fomentado por la falta de resultados por parte de la justicia y porque sólo se denuncian los hechos más graves y no todos los abusos contra la prensa cometidos como por ejemplo algunas detenciones arbitrarias por supuesto incumplimiento de medidas sanitarias, a pesar de contar con permisos y salvoconductos en regla, esto sumado a incumplimiento de protocolos en el traslado de reporteros detenidos a la comisaría, entre otros.

Foto: Sergio Concha

El hecho de registrar detenciones ilegales de personas y dejar imágenes que demuestran el abuso de fuerza podría ser una de las razones por la que se realizan las agresiones a miembros de la prensa. Al respecto el Director del Observatorio de Derecho a la Comunicación, Javier García, comenta que “este tipo de ataques tienen además un grave efecto sobre la libertad de expresión en distintos sentidos, ya que no sólo impiden que se difunda la información verídica de cómo ocurren en realidad los hechos y que sean conocidos por la sociedad; sino que también restringen la libertad del ejercicio de la prensa por parte de estos reporteros/as, de forma directa al dificultar o impedir el desarrollo de su labor, y de forma indirecta al desincentivar su ejercicio, generar miedo de salir a reportear o tener que hacerlo en lugares menos peligrosos o alejados de fuerzas policiales, lo que impide que puedan realizar su trabajo. Hay un efecto silenciamiento de la prensa”.

El gobierno de Chile dice ante el mundo respetar el derecho a la información y libertad de expresión; obteniendo durante décadas buenas calificaciones en rankings internacionales sobre la materia. Sin embargo, esto ha ido cambiando radicalmente; así lo demuestran distintos informes entre los que destaca el de Reporteros sin Fronteras del año 2019, donde se evalúa la seguridad a la que se enfrentan los periodistas en 180 países. El informe detalla que Chile bajó ocho puestos (del 38 en 2018 al 46 en 2019) en el índice . La ONG explica que el descenso se debe a que los periodistas “tienen problemas para cubrir ciertos temas, como la corrupción política y las protestas (…) Los reporteros a menudo son apuntados mientras cubren manifestaciones y carecen de protección”. Además, añaden que el pluralismo y el debate democrático “están limitados por la concentración de la propiedad de los medios y la dificultad que encuentran los medios comunitarios para asegurar una supervivencia a largo plazo”.

En este sentido, el líder del Observatorio de Derecho a la Comunicación (ODC) comenta que “la Libertad de Expresión, en su dimensión colectiva y pública se ve afectada porque se impide dar información que estaba siendo registrada por el reportero/a y que no pudo realizarse por el ataque o porque el comunicador/a dejó de cumplir esa función por miedo a ser nuevamente agredido/a o arriesgarse a ser herido/a”. Los daños a los miembros de la prensa que han terminado heridos por cubrir las protestas supera los costos económicos y también tiene grandes implicancias sociales: “Los que han sido objeto de detenciones es habitual que luego sufren un proceso judicial donde se les acusa de algún delito falsamente, afectando su imagen y hoja de vida. Ahora, si quedaron con secuelas o con sus equipos de trabajo deteriorados hay un perjuicio económico al no poder reportear por un tiempo y del cual nadie se hace cargo, es dañar a una persona física, emocional y socialmente. Algunos han dejado de reportear y se han tenido que buscar otros trabajos”, declara García.

Víctor Salas reafirma estos dichos. En su caso, relata, “presentaron 24 testigos falsos, que fueron a decir que de una forma u otra yo venía rompiendo el parabrisas de una radiopatrulla, y que cuando salí arrancando choqué con un árbol. Segunda versión: yo estaba tirando una molotov. Tercera versión… o sea, todas las versiones eran de otros carabineros, que iban a desfilar a tribunales a presentar testimonios falsos. Y esos carabineros ni siquiera son procesados por obstrucción a la investigación, estamos hablando de una red de encubrimiento, donde presentan pruebas falsas para tratar de involucrarte, como que tú eras al final un delincuente”. Recuerda también las ocasiones en que, al inicio del Estallido Social, trabajadores de las comunicaciones fueron reprimidos en la oscuridad por efectivos policiales. “He visto compañeros con pérdida total de los equipos, ¿y a quién le vas a ir a reclamar en la noche, si sólo hay sombras y palos? No hay posibilidad de registro”, señala.

Los ataques con armas disuasivas afectan a la integridad física y psicológica de los comunicadores agredidos, e incluso los sitúa en situación de riesgo del derecho a la vida, ya que estas armas disuasivas son potencialmente letales.

En el contexto de las movilizaciones ocurridas en Chile a partir del 18 de octubre del 2019, surge la controversia sobre el uso de “perdigones de goma” (también llamados “balines” en algunas publicaciones de prensa) para el control de las protestas.

“Obra Ojos”, del fotógrafo Luis Sergio.

Es en este contexto que se genera el conocido Informe de Perdigones del Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC) de la Universidad de Chile, donde se revela que el material de los proyectiles está compuesto mayoritariamente por minerales y metales de alta dureza. El trabajo fue elaborado por los académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Doctores Rodrigo Palma y Patricio Jorquera, y responde a la solicitud de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, con el objetivo de determinar la composición de dos perdigones que, de acuerdo a lo informado por los médicos, fueron extraídos de pacientes afectados por impactos de proyectiles antidisturbios durante manifestaciones. Según dicta el informe de la UTO, el uso de balines “ha provocado traumas severos en un elevado número de casos y causa ceguera en una alarmante proporción de estos”. El informe del Dimec determinó la composición de los balines entregados como muestra, informando mediante un comunicado de prensa y acompañado del informe el 16 de noviembre de 2019 qué “los perdigones analizados contienen 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos como Sílice, Sulfato de Bario, y Plomo”.

Las muestras analizadas son de cartucho calibre 12, tienen un diámetro de 8mm y un peso de 0,734 g. En la investigación se realizaron los análisis básicos de determinación de la materia prima, tales como densidad, contenido de cargas, análisis de espectroscopía FTIR, análisis térmico diferencial de barrido DSC y microscopía SEM. El estudio consultó además la Circular 1.832 sobre “Uso de la fuerza: actualiza instrucciones al respecto” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, emitido en marzo de 2019; y la Orden General Nº 2635 “Protocolos para el mantenimiento del orden público”, también de marzo 2019. Allí se informa que, de acuerdo a la norma, los proyectiles en estudio aparecen como “munición no letal”, utilizada por medio de escopetas antidisturbios y se especifica el uso de “cartucho de impacto (super sock) o similar” y de “cartucho con perdigón de goma”.

Así, la primera conclusión es que los proyectiles analizados contienen solo un 20% de caucho (goma), con un 80% restante compuesto por sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb). Además, en cuanto a la dureza de los perdigones, establece que “el valor de dureza Shore A es de 96,5” en una escala de 1 a 100 establecida para materiales elastómetros compactos, una dureza equivalente a “una rueda de skate”. Se detalla igualmente que “un producto de caucho, por lo general, tiene una dureza inferior a 50 Shore A (una goma de borrar tiene, por ejemplo, 40 Shore A), por lo que para tener una dureza superior, debe ser mezclado con otros compuestos”.

Esta fue una de las municiones que la noche de año nuevo del 2019 le cambió la vida a la fotógrafa y comunicadora audiovisual Nicole Kramm, quien según relató al medio AJ+ Español, fue una de las 460 personas que sufrió un trauma ocular en el marco del estallido social. Es reportera gráfica y su herramienta de trabajo son sus ojos, uno de los cuales fue dañado para siempre. En el testimonio, Nicole recuerda que “se encontraba cruzando justo frente en la estatua de Carabineros frente al GAM, en Santiago, mientras se aproximaba a Plaza Italia, cuando de momento sintió un fuerte impacto en el rostro el cual terminó siendo un balín disparado por un uniformado, que la golpeó en uno de sus ojos ocasionándole la pérdida de un 90% de su visión”.

Hoy Kramm sigue buscando recuperarse, aunque sabe que jamás volverá a ver cómo lo hacía antes, razón por la cual no quiso darnos una entrevista. “Sigo en mi proceso de recuperación, mi psicóloga me recomendó dejar de repetir lo ocurrido porque eso también me traumatiza, por lo que les recomiendo ver mis videos, ahí está todo”, fue lo que nos comentó por teléfono. Su historia está llena de dificultades, no es la primera vez que Nicole es atacada por hacer su trabajo: fue atropellada intencionalmente en Venezuela cubriendo hechos de violencia política que también se registraron en ese país.

Foto: Nicole Kramm (autorretrato)

La posibilidad de que los metales que componen los mal llamados “balines de goma” puedan provocar malestares adicionales a las lesiones que provocan por impacto, es un temor que comparten tanto los afectados, como los profesionales de la salud. El fotógrafo Marcelo Garay recuerda el comentario que le hizo un facultativo de la ex Posta Central durante un control médico. “Me dijo “te voy a ser franco, esto no nos había pasado nunca, entonces para la comunidad científica todo esto es nuevo. Podría decirte que de aquí a unos 10 años más te podría dar un cáncer a la piel, y podría tanto estar acertando como no”. Por su parte, Víctor Salas, quien también cubrió el estallido social en 2019, nos cuenta que tras recibir dos impactos en la parte superior del cuerpo, los balines “como que se empezaron a podrir, tenían como un efecto químico (…) como que estuvieran tirando soda cáustica, imagínate. Estuve como una semana con una putrefacción en la cabeza y en el hombro”. Salas agrega que si bien no se querelló por esto, por su historia previa con Carabineros, si dejó registro de sus lesiones y continuó trabajando, aunque se salió de la “primera línea” del registro, por así decirlo. “Tuve mucho miedo”, agrega.

Según cifras entregadas por el Observatorio de Derecho a la Comunicación (ODC), de los casi 300 ataques documentados de diverso tipo a la prensa en Chile, menos de un centenar se ha traducido en acciones ante los agentes de justicia, es decir, menos de un 30% de las agresiones son denunciadas. En las investigaciones realizadas antes de 2019 ya se había constatado una cultura de la no denuncia por parte los reporteros de prensa, que se justificaba en la percepción de falta de respuesta del sistema de justicia cuando habían acudido a él denunciando agresiones. El análisis realizado por ODC confirma esa crítica: denunciar no tiene consecuencias, lo que explica que solo se denuncien los casos más graves. Son un total de 67 casos (65 son querellas y 2 denuncias) que lidera el ODC. La mayoría de ellos son sobre disparos de armas disuasivas, pero hay también de golpes y detenciones arbitrarias. En la mayor parte de ellas aún no hay formalizados y no se registran avances en el proceso, ya que al momento de ser pasadas a Fiscalía no se realiza la citación a los afectados para conocer su versión de los hechos. A pesar de que se han interpuesto acciones judiciales por ataques a la prensa desde octubre 2019, en la gran mayoría, existe inactividad por parte de la Fiscalía, por lo que no existen avances en los casos. Casi todas han sido efectuadas por funcionarios de Carabineros de Chile. En la actuación del Ministerio Público en los procedimientos penales se identifica un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado impactantes informes que dan cuenta de los problemas a los que se enfrenta la prensa en Chile. La coerción de la libertad de expresión, los obstáculos al derecho de protesta, las agresiones a comunicadores y comunicadoras por parte de Carabineros, la colocación de obstáculos para acceder a la información pública, son solo algunas de las denuncias realizadas por la RELE. Incluso, se demuestra el uso del derecho penal para sancionar expresiones u opiniones de los propios periodistas o medios no afines a la versión oficial.

Solo conociendo la concentración de los medios de comunicación podemos entender que este tipo de hechos casi no se han difundido en los medios de comunicación tradicionales. Ni siquiera las protestas se comunican; pese a que en un inicio si hubo algo de cobertura mediática, el foco parecía ser otro. Las manifestaciones y protestas que surgieron a raíz de las profundas desigualdades existentes en el país continúan recibiendo represión en vez de respuestas. Esto no es nuevo en Chile, las manifestaciones actuales son comparable a las revueltas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX vividas en el país, como por ejemplo la denominada Huelga de los Tranvías (1888); la Semana Roja de la Carne (1905); la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique (1907); la Batalla de Santiago (1957) o la Revolución de la Chaucha (1949). El común denominador en todas las protestas mencionadas es la poca respuesta a las demandas y una gran represión policial o militar que ha terminado con muertes, heridos y un mayor descontento social.

Estando ya en la segunda mitad de 2021, continúan las protestas cada viernes en sectores emblemáticos como la Plaza Italia. Hoy son pocos los comunicadores que se atreven a cubrir, existe miedo, existe dolor, en palabras del comunicador audiovisual y fotoperiodista Sergio Concha Piña: “Todos conocen la historia de un o una colega que tuvo que dejar de trabajar porque fue atacado con perdigones, lacrimógenas, golpeado o le rompieron su equipamiento profesional; afectando con ello no solo su quehacer, sino que también maltratando negativamente a toda su familia porque a veces no hay ni para parar la olla porque te quitan todo, tu trabajo, tu cuerpo, tu libertad, tu sustento, tu vitalidad, pero no tu dignidad”.

El estallido indudablemente generó un impacto a nivel nacional, pero también internacional a tal punto de que los medios de comunicación extranjeros viajaron para ver lo que sucedía en el país. Victor Pino es un periodista chileno que trabajaba como corresponsal en el medio “Carta Maior” de Brasil y vino al país el 22 octubre del 2019, el 28 de ese mes fue uno de las víctimas baleadas por un perdigón de goma, a pesar de estar con su cámara fotográfica de unos 40 x 40 cm aproximadamente y su credencial en el pecho.

“Por los registros que tengo en mis fotos, a las 17:47 carabineros avanzó y detuvo a un joven en el paradero frente a la torre Entel y yo tomé fotos. Y me doy cuenta que van a un segundo avance. Yo estaba desde la primera línea, pero en un momento me doy cuenta que empiezan con mucho gas y agua hacia los manifestantes y me corro hacia la Torre Entel, ya que no había gas en ese lugar, los de primera línea ya habían empezado a agarrar las lacrimógenas y les ponían un balde con agua y las anulan”, relata.

“Me fui hacia la pared”, continúa Pino. “En ese momento había unos paneles metálicos protegiendo entre el centro comercial y la torre. Me fui hacia el oriente, al lado izquierdo de la Alameda. Me doy cuenta de que avanza carabineros, asumí una posición defensiva, me arrodillo y levantó mi cámara hacia el rostro, cuando siento que algo golpea mi pierna. No sentí un dolor inmediato, quizás por la adrenalina, pero sí sentí la violencia de que mi pierna fue hacia atrás. Yo escuché el disparo, ví la luz de la escopeta del carabinero y cerré los ojos”.

De acuerdo a los cálculos del periodista, el uniformado le disparó “a una distancia de 4 metros, porque es la distancia que hay entre la pared de acero donde estaba apoyado y la acera. Lo vi a través de la cámara, y tal vez por miedo no disparé el botón.” Esta fue la distancia que también se expresó en Fiscalía y la que no cumple con lo recomendado por el informe del Departamento de Criminalística del año 2012, el cual señala una distancia ideal de 30 metros entre quien dispara y el blanco.

A Víctor ya le habían disparado el 2013 en Brasil en la misma canilla. En Chile no le penetró el balín, y a pesar de que al día siguiente no caminó con normalidad, el impacto psicológico fue mayor. El 1° de noviembre volvió a Brasil y ahí se vio dañado por el exceso de gases en las manifestaciones y tuvo que realizar 6 meses de terapia, ya que como él señala “uno duerme más intranquilo después de eso. Despertaba en la noche como en el mismo lugar, siempre despertaba en el momento del disparo.” Esto fue totalmente inesperado para él, ya que incluso suele usar ropa clara y mascarilla de tela para no ser confundido con un manifestante.

De las denuncias realizadas al INDH, entre 2019 y 2020, en el área de prensa se tienen notificadas un total de 59, en 10 regiones. Siendo en la Región Metropolitana un total de 15 denuncias y en la Región de Los Lagos tan solo una. Víctor presentó al día siguiente del impacto, una queja al INDH con todas sus credenciales. “Ellos no me pescaron por meses, me mandaron dos correos en un año, hasta que volví a Chile y empecé a molestar, no avanzó la causa y ahí cuando empecé a molestar, en menos de un mes ya tenía mi testimonio en Fiscalía”. Pino lo que espera del juicio es la individualización del carabinero.

El periodista volvió al país en octubre del 2020 y en menos de 15 días creó un grupo llamado “Veedores por el Derecho a la Comunicación”, del Colegio de Periodistas, los cuales son profesionales entrenados para estar en terreno y que acompañan la relación de carabineros con los medios de comunicación, para prevenir la detención e impedimentos arbitrarios que van en contra la libre expresión. Esta es una alianza que se realizó con la CODEPU, el INDH y el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Aquí se busca ayudar a los colegas con apoyo jurídico, graban la interacción de los policías, si los oficiales están con cámaras o no, si están disparando a la altura del tronco superior, etc.

Pino no fue el único periodista de medios extranjeros en reportear este hecho histórico. Era miércoles, 23 de octubre y “Todo Noticias”, canal de televisión argentino, mandó a su periodista Ignacio Otero y a su camarógrafo Federico Gandolfi, como corresponsales.

El camarógrafo estaba enfocando en vivo los conflictos que estaban ocurriendo en las calles. También enfocaron a uno de los carabineros que se encontraba a aproximadamente a 20 metros de ellos. Este mismo les disparó a ambos con perdigones de goma en sus antebrazos.

“Es tremendo como tiran a cualquier lado. Nos ven con cámaras, que somos prensa y tiran para donde estamos nosotros”, alcanzó a escucharse Otero en aquella transmisión. “Después tuve que volver a Argentina y la verdad es que no hicimos denuncia, lo tomamos como parte del riesgo de estar trabajando ahí. Después los carabineros me pidieron disculpas, pero, bueno (…) claramente la persona lo hizo con intención”, sostiene.

También comentó que vio a un manifestante ser herido en la cabeza con un proyectil por otro manifestante con mala puntería, lo que le provocó desmayarse y sangrar. “A partir de ese momento, yo salí de la manifestación y me fui a comprar un casco de alpinista, compramos cascos para todos los integrantes del equipo y a partir de ese momento trabajé con casco sobre todo porque yo había sido papá hace muy poco y la verdad es que me dio mucho miedo en ese momento, que me peguen un cascotazo o algo y no contarla y que me pase algo y no puedo estar con mi hijo”, relata Otero.

“El día después nos fuimos a cubrir los saqueos en Valparaíso…ahí también fue muy fuerte, ahí un manifestante nos pegó con una roca en la lente…También había mucho enojo de algunos manifestantes con los medios en ese sentido y muchas veces después de incluso de haber recibido el balazo como que esa tensión con los manifestantes frenó un poco, porque algunos manifestantes ya nos empezaron a conocer y ahí se dan cuenta que nosotros la verdad es que no teníamos ningún tipo de interés o postura tomada respecto al tema, que queríamos simplemente relatar lo que estaba pasando”. El profesional agrega que “nosotros en cuanto a posturas nos manteníamos siempre del lado de los manifestantes, porque primero y principal (…) para nosotros será mejor cubrir y mostrar lo que disparaban tanto de la fuerza de seguridad, como lo que caía también del lado de los manifestantes. De un lado había que protegerse de los perdigonazos y del otro lado había que protegerse de los cascotes.”

Lo que señala Otero es representado en los diversos y numerosos medios de comunicación independientes que fueron a las marchas a registrar lo que ocurría. Una comunicadora de Piensa Prensa, que llamaremos Angélica Prieto para proteger su privacidad, va a las marchas desde los años 80 y desde entonces su motivación ha persistido por el querer graficar la represión en las calles, ya que según esta, se ha extendido una desigualdad innegable desde la dictadura. Solo recalca que se han cambiado las armas, desde los paintball que “marcaban” a los manifestantes hasta las escopetas.

Recuerda el haber sido afectada por el chorro de los carros lanza aguas múltiples veces, ya que como prensa se declara ser un blanco para las fuerzas. Esta señala que “durante el estallido social, yo estaba en plaza Maipú y fui agredida con un oficial del Gope, de hecho nos miramos a los ojos y el tipo abre fuego con su escopeta de perdigones en mi brazo”. La denuncia nunca la hizo, ya que Angélica no tiene esperanza en la rapidez y eficacia de las autoridades. Ella misma se sacó el perdigón policial, ya que está capacitada para eso y tiene conocimiento de las desventajas que tiene una persona al dejárselo en su cuerpo.

El sentimiento de lograr un cambio, va más allá de la información que otorga por las redes del medio de comunicación, ya que como esta dice, “yo iba todos los días (…). Si la convocatoria era a las 11:00 am, yo salía con todos mis compañeros a la calle…yo de vuelta venía como a las 21:00 de la noche caminando de Plaza Italia hasta la Estación Central.”

Al igual que Angélica, el multimedia Sebastián Moscoso tampoco ha puesto denuncias, aunque procura llevar credencial consigo a todos lados. Y si bien no va a la primera línea, sino a lugares estratégicos para trabajar, de todas maneras ha sentido la represión policial. Sebastián cuenta que en el estallido no tuvo incidentes en lo material, sino que desde lo físico, desde la exposición al guanaco y zorrillo. “Desde el paintball que me ha llegado en la mano, brazos y piernas, los balines en las piernas, me han tirado con los escudos, me han botado el chorro de agua y me han pegado con la vara, aunque no tan fuerte”, indica.

El 25 de octubre fue la marcha más grande registrada, ya que se unió más de un millón de personas tan solo en la Plaza Italia de Santiago. Moscoso asistió regularmente a todas las marchas, pero desde la vereda profesional “siempre ejerciendo la labor, nunca quedan dudas, no me golpean porque estoy al medio de la multitud, golpean porque saben que estoy contando algo que ellos no quieren que cuentes finalmente”, afirma.

Por otro lado está Diego Ríos, comunicador de Piensa Prensa que empezó a documentar y hacer fotografías en manifestaciones sociales hace 9 años aproximadamente.

Ríos estaba en Elisa Correa el 21 de octubre del 2019, aproximadamente a las 17:00 pm y comenta que “llegó el GOPE y yo ahí igual cometí un error estúpido, porque uno de esos, que no sé si eran pacos o fuerzas especiales, me encañonó con una escopeta lacrimógena. Me puso el cañón de la escopeta en el pecho y después me dio vuelta, me agarró a patadas y me puso el cañón de la escopeta en la espalda y dijo que si le sacaba foto, me iba a matar”. Luego lo llevó a donde estaban tirando piedras, justo en medio de los manifestantes y las fuerzas. Lo que estaba fotografiando el profesional eran civiles armados, que en compañía de las fuerzas especiales bajaron de una camioneta.

Foto: Diego Ríos

Diego también señala que “me hicieron un control de identidad muy raro. Estaba el teniente coronel Claudio Crespo (quien cegó a Gustavo Gatica), yo me acuerdo porque era muy alto con las botas y destacaba del resto porque era alto y andaba siempre con una escopeta de perdigones. Yo tenía un “gopro”, siempre andaba trayendo y una carabinera me obligó a apagarla y le empecé a discutir, pero no iba a sacar nada con ellos, así que no seguí. Luego pasaron los días y estaba en Twitter viendo publicaciones de cuentas fachas y me dí cuenta que había una funa mía con una foto de mi carnet y haciendo memoria, Crespo le había sacado una foto. Además, al buscar bien quién estaba detrás de esa publicación, llegué a la conclusión de que era de esposa de éste”. Aunque dice haber comenzado una querella, finalmente desistió.

Pero Ríos no solamente ha tenido sucesos dificultosos en el estallido. “Hace unos cuantos años atrás (2018 o principios del 2019), un paco me tiró gas pimienta a los ojos y me dejó ciego como por tres horas. Tuve que ir a la Posta Central, porque no veía nada, quedé tirado en la calle, al lado de donde está el Ministerio de Vivienda”. Diego comentó que el refregarse fue peor y que al bañarse le seguía corriendo parte del gas. Incluso, este no pudo trabajar durante una semana, ya que le dolía hasta la luz. También recibió un perdigón de goma en su brazo, pero no denunció el hecho. En otra ocasión, tras recibir un chorro de agua del “guanaco”, su cámara se descompuso. “En el servicio técnico no pudieron arreglarla, porque le echaron “cal” al agua”, asegura.

Al igual que con Prieto y Moscoso, este ha recibido recomendaciones de sus familiares para que no siga yendo a las manifestaciones, pero su interés por mostrar a las personas que están incumpliendo las normas es mayor.

Foto: Diego Ríos

Todos los entrevistados comentan que la justicia debería ser más efectiva y rápida, ya que el comportamiento de la policía hacia la prensa parece no cambiar. “Mientras no haya una condena efectiva, nadie va a dejar de violar los derechos humanos”, reflexiona Víctor Salas. “No puede quedar a criterio del director de Carabineros de Chile echar a un violador de derechos humanos de la institución. Eso es una aberración. Y mientras no haya justicia, van a seguir cometiendo estos crímenes”, sentencia. Marcelo Garay comparte esta visión al señalar que el actuar policial sigue siendo igual “porque en el fondo es la prohibición de mirar, la prohibición de ver, y hay un segmento del mundo de las comunicaciones que está dispuesto a mostrarlo”. A su manera de ver, la represión es selectiva, enfocada en comunicadores independientes, porque “acá tenemos una prensa que es super policial”, y frente a eso, “hay un segmento de los trabajadores de las comunicaciones que tomaron partido” por registrar y denunciar estos hechos. “De aquí van a salir los tremendos periodistas. Tengo esperanza en los que se despertaron, en que ese fragor, esa llamita se mantenga, por último por lealtad por los muertos y mutilados”, finaliza.

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