Similar al de Piñera: El proyecto de la derecha con el que Boric quiere instalar militares en rutas de la Macrozona Sur

El Gobierno confirmó que buscará disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las carreteras en el sur de país a través de una indicación al proyecto sobre infraestructura crítica de los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, el mismo que en 2020 el actual mandatario y los ministros Jackson y Vallejo rechazaron en la Cámara de Diputados. 

Por Alonso Aranda

Este miércoles, en la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados, se inició la discusión sobre el proyecto de Estado de Protección y Resguardo con el que el gobierno de Gabriel Boric busca disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las carreteras de la Macrozona Sur.

El Ejecutivo decidió impulsar esta iniciativa para conseguir un acuerdo con los dirigentes de los camioneros, con el objetivo de levantar el paro que mantenía bloqueadas rutas en el sur del país, y que obligó a paralizaciones de unidades productivas de empresas. En la propuesta de seis puntos que hizo el gobierno al gremio de transportistas, se incluyó el de una reforma constitucional para que militares aseguren el libre tránsito bajo un mando de carácter civil.

Ese acuerdo fue alcanzado el pasado sábado 7 de mayo -las movilizaciones se habían iniciado el 25 de abril- en una reunión en Los Ángeles, donde una delegación del gobierno encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se mantuvo en conversaciones con conductores y dueños de camiones de esa zona.

De inmediato surgió la interrogante acerca de si esta iniciativa será un cuerpo legal nuevo o se tramitará en el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, presentado por el gobierno de Sebastián Piñera el 26 de noviembre de 2019 en respuesta a los efectos provocados por la revuelta social, y que está en Comisión Mixta desde septiembre de 2020.

Fue el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien salió a explicar la manera en que se tramitará la iniciativa. Según publica La Tercera, el secretario de Estado confirmó que será a través de una indicación al proyecto sobre infraestructura crítica de los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.

“Efectivamente, nosotros en la conversación que hemos tenido con los trabajadores de transportes y contratistas en materia forestal es la necesidad de tener una herramienta constitucional que nos permita asegurar el libre tránsito y también la seguridad en las rutas de nuestro país, sobre todo en las rutas que son críticas para el abastecimiento y para el transporte de las personas”, dijo el ministro Jackson.

Y agregó que “nosotros vamos a ocupar el vehículo de un proyecto que fue moción parlamentaria, de los senadores RN Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, de tal forma de poder, a través de esa vía, que estaría esa mixta reconstituyéndose mañana (este miércoles), poder tener ahí el debate de aquellas cosas que hemos conversado tanto con los camioneros como también con parlamentarios del oficialismo”.

La moción de los senadores

Aquí surge otra interrogante, ¿cuál es y qué propone el proyecto de infraestructura crítica al que se adosará la iniciativa del gobierno que permitirá disponer de las FF.AA. para resguardar las carreteras en el sur del país?

Se trata efectivamente de una moción de los senadores Aravena y Pugh, la que fue aprobada en el Senado en noviembre de 2019, como una propuesta alternativa al proyecto del gobierno anterior, y que regula el estado de alerta para prevenir daños a esta infraestructura.

En lo fundamental, la reforma propuesta por los parlamentarios busca permitir que el Presidente de la República pueda disponer que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país, cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda implicar una suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece la Carta Magna.

El proyecto entrega algunos lineamientos de lo que se entiende por infraestructura crítica y establece una disposición transitoria que señala que mientras no se apruebe una ley sobre esta materia, la determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo suscrito por los ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.

“Los puntos que se buscaría proteger con este proyecto de ley dicen directa relación con  los puntos previamente señalados, tales como subestaciones eléctricas, embalses, líneas férreas,  puertos,  aeropuertos,   ferrocarriles, hospitales,  torres  eléctricas,  metros,  entre  otros de importancia para la ciudadanía y que puedan ser decretados por el presidente, dejando fuera de esta medida a aquellos lugares que ya se encuentran resguardados por otras instituciones a fin de evitar una superposición de funciones, tales como cárceles, tribunales de justicia”, se detalla en el documento.

Rechazo de Boric, Jackson y Vallejo

Si bien el proyecto de los senadores avanzó en el Senado, en la sala de la Cámara de Diputados la iniciativa fue rechazada el 9 de septiembre de 2020 por 74 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones, lo que obligó a llevarlo a Comisión Mixta. Se necesitaban 93 votos para ser aprobada.

Entre quienes se opusieron a su aprobación y votaron en contra de la iniciativa de Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh están el propio Presidente Gabriel Boric y sus ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson.

En septiembre de 2020, Boric no intervino en la sesión especial en que rechazó el proyecto de infraestructura crítica, pero su voto fue en contra. Su opinión la emitió a través de Twitter: “Hoy en la Cámara de Diputados hemos rechazado el mal proyecto de infraestructura crítica que otorgaba funciones represivas de seguridad pública a militares”, escribió.

Por su parte, la entonces diputada Camila Vallejo afirmó que el proyecto de infraestructura crítica generaría “abusos de poder”: “El Gobierno sigue insistiendo en su desviación autoritaria. Utilizar a las FFAA en el supuesto resguardo a la ‘Infraestructura Crítica’, solo servirá para más abusos de poder a un Gobierno en el que se han violado los DD.HH. Por eso rechazamos y ahora pasa a Comisión Mixta!”, publicó en Twitter ese mismo 9 de septiembre de 2020.

A comienzos de ese año, seis meses antes de que se votara la iniciativa en la Cámara Baja, en entrevista con Radio Agricultura, el por esos días diputado Giorgio Jackson adelantó que la iniciativa no tendría los votos, recoge Ex-Ante.

“La solución para los hechos de violencia que han ocurrido sea sacar los militares a las zonas críticas (…) con una especie de luz verde para que no reciban ningún tipo de castigo posterior en el caso que se violen los DD.HH. y que se actúe fuera de la ley, la verdad es que nos parece absolutamente desproporcionado y solo va a generar mayores situaciones de violencia”, dijo en dicha oportunidad.

“Perseverar en una fórmula fracasada”

La fórmula del gobierno para resolver el problema en la Macrozona Sur ha suscitado diversas reacciones entre parlamentarios oficialistas -y de oposición-, quienes tendrán que aprobar o rechazar la iniciativa una vez que sea discutida en la Comisión Mixta.

En conversación con LaRed.cl, el diputado Félix González (PH) planteó que lo que está haciendo el gobierno “es perseverar en una fórmula fracasada, como lo vimos con Piñera”, pues, a su juicio, lo que sucede en el sur del país es “una situación que es policial, que se resuelve con investigación y captura de quienes están detrás de estos hechos y no se resuelve con patrullajes exclusivamente en las carreteras”.

En ese sentido, el presidente del Partido Humanista recalcó que disponer a los militares para que resguarden las carreteras implica “un riesgo de que las cosas salgan mal y haya poco o nula efectividad para resolver un problema complejo”.

Consultado acerca de que la iniciativa se haga mediante una indicación a un proyecto de senadores de RN, González indicó que “es un síntoma el que sea en base a un proyecto de la derecha, proyecto de quienes respaldaron y le dieron soporte al gobierno de Piñera. Es un síntoma de que se sigue la misma línea, se sigue tratando de resolver un problema utilizando las mismas fórmulas”.

También consultada por LaRed.cl, la diputada Carmen Hertz defendió que el Ejecutivo recurriera a esta salida: “Este es un gobierno que está siendo absolutamente asediado por los poderes fácticos de este país, por la extrema derecha a través de la representación que tiene, por los camioneros que pretenden bloquear las rutas, por el narcotráfico y por la proliferación de armas”, dijo la parlamentaria.

La representante del Partido Comunista enfatizó que el Estado de Protección y Resguardo “no es sacar militares a las calles, sino que es que las Fuerzas Armadas hagan puntos de control en las carreteras, en las autopistas, no en los caminos rurales, de zonas en la Araucanía que se van a precisar y que van a estar bajo un mando civil. El mando sobre el cual recae toda la responsabilidad es el mando civil”.

En cuanto a la diferencia con el proyecto inicial impulsado por Piñera en 2019, la diputada destacó que dicha iniciativa era más amplia respecto a lo que se entendía por infraestructura crítica, pues incluía “incluso lo que está en manos de empresas privadas, por ejemplo, la luz”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez puso énfasis en que como parlamentarios del oficialismo “asumimos una pregunta que tuvimos que responder en el periodo de la revuelta social, y es importante tenerla clara: es que, si es conveniente y correcto que las Fuerzas Armadas se involucren en resguardo y tareas de orden público o de seguridad ciudadana”, y en ese sentido reconoció que desde su experiencia “eso no es positivo”.

“Nosotros tenemos una preocupación que es muy de fondo y distinto sería que esto se enfocara como una medida transitoria por una situación excepcional, y que esta facultad solo se pudiera hacer uso en un periodo acotado de tiempo, es decir, por 180 días. Pero hacer una reforma permanente en un Estado de Excepción Intermedio que, en cualquier minuto, en tres o cuatro años más, un gobierno de otro signo pueda recurrir a los militares ante una situación que ellos consideren de alarma pública es algo muy peligroso y deslegitima el rol que tienen las policías”, dijo a LaRed.cl el representante del Partido Comunista.

El parlamentario explicó que tiene dos consideraciones a la iniciativa, “la primera es que esto debe ser una facultad extraordinaria que no sea permanente, un estado intermedio que solo se pueda hacer uso por una figura de seis o nueve meses y que no quede como una facultad permanente en la Constitución”, y en segundo lugar “que el armamento que usen los militares si se despliegan tiene que ser disuasivo, distinto al armamento estándar de guerra que ellos portan y con el cual se fueron a las calles en el periodo de Piñera. Porque esas armas de guerra tienen un poder destructivo gigantesco y obviamente no están hechas para enfrentar a civiles que están desarmados”. “Si el proyecto de ley cumple esos requisitos, yo estoy llano a apoyarlo”, aseguró.

Finalmente, Núñez dijo que “yo espero que las Fuerzas Armadas estén a la altura de la situación que estamos viviendo y lo más importante de todo que no se pongan al servicio de intereses económicos particulares u oligárquicos como ocurrió en el Golpe de Estado. Yo no quiero revivir viejas desconfianzas, por eso creo que lo clave es la subordinación absoluta de las Fuerzas Armadas al poder civil y en este caso al gobierno y a las leyes que surjan del parlamento”.

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