Tras dos años de pandemia, casi 100 colegios y jardines volvieron a clases sin certificación de sus redes de gas
La Red accedió a información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que da cuenta de 62 establecimientos educacionales con Sello Amarillo y 36 con Sello Rojo. Las instalaciones de estos últimos son peligrosas e incluso pueden poner en riesgo la vida. Si bien la entidad fiscalizadora asegura que las fallas son mitigadas en el momento, en la práctica los recintos pueden seguir operando con suministro de gas incluso sin tener Sello Verde. En algunos casos, estos tienen su certificación vencida desde el 2019.
Tras dos años de pandemia y clases telemáticas, el pasado 2 de marzo los colegios de Chile volvieron a abrir sus puertas para recibir a sus estudiantes y dar inicio a un nuevo periodo académico.
Desde inicios del 2020 que el debate por la presencialidad escolar estuvo marcado por las tensiones entre gremios de trabajadores, como el Colegio de Profesores o Ajunji, y el Ministerio de Educación, liderado hasta el 11 de marzo por Raúl Figueroa.
Pero si hasta hace algunos meses se cuestionaba que los establecimientos no tenían las condiciones sanitarias necesarias para volver a abrir, a partir de este 2022 el enfoque en torno a las clases presenciales ha virado hacia la flexibilización de los horarios.
“La discusión hoy no es sobre la presencialidad, sino sobre la extensión de la jornada”, aseguraba el ministro Marco Antonio Ávila el lunes 21 de marzo. Sin embargo, uno de los puntos que ha estado ausente en esa discusión es el de las condiciones de la infraestructura escolar más allá de las adecuaciones forzadas por la pandemia.
La mañana de este martes, una fuga de gas de una cocina provocó una explosión en el jardín infantil Villa Caupolicán de Temuco, dejando a dos manipuladoras de alimento con quemaduras. La situación, que a primera vista podría considerarse como un hecho aislado, se torna grave al analizar los datos duros: actualmente 100 establecimientos educacionales en el país no tienen la certificación de sus redes interiores de gas.
De acuerdo a información obtenida por La Red vía Ley de Transparencia, hay 36 recintos en el país que tienen Sello Rojo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cuyas instalaciones pueden poner en riesgo las vidas humanas. Entre ellos no se cuenta Villa Caupolicán, que tiene vigente hasta fines de este año el Sello Verde que garantiza condiciones seguras.
En los últimos cuatro años, la SEC inspeccionó la red interior de gas de 3.651 colegios, jardines infantiles y salas cuna. Además de los 36 recintos en condición crítica, hay 62 con Sello Amarillo, lo que significa que las instalaciones presentan graves deficiencias que deben ser reparadas en el corto plazo.
De estos 100 establecimientos con problemas en su su red interior de gas, algunos se han mantenido hasta dos años sin solicitar una revisión por un instalador autorizado por la SEC para realizar las reparaciones necesarias.
La Región Metropolitana y de Valparaíso concentran la mayor cantidad de casos
De los 36 colegios, jardines y salas cuna con Sello Rojo SEC, 18 están ubicados en la Región de Valparaíso y 11 en la Región Metropolitana. Las comunas que concentran la mayor cantidad de casos son Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, con 3 cada una. Otras regiones que presentan establecimientos en condición crítica son Antofagasta, La Araucanía, O’Higgins, Los Lagos y Maule.
17 de estos establecimientos son particulares subvencionados, 15 municipales y 5 particulares pagados. Además, se cuenta un jardín infantil administrado por la Fundación Integra.
En cuanto a los con Sello Amarillo, la Región de Valparaíso también lidera la lista con 23. En La Araucanía hay 20 recintos en esta condición, mientras que en la Región Metropolitana y de Antofagasta hay 7. El resto de las incidencias se presentan en Arica y Parinacota, O’Higgins y el Maule.
De estos casos, 35 se dan en establecimientos municipales, 11 particulares subvencionados, 7 particulares pagados y 3 de adminsitración delegada. También hay 4 jardines administrados por Integra y 2 por Junji Vía Transferencia de Fondos.
El vacío en la fiscalización
Los organismos certificadores autorizados por la SEC son los encargados de otorgar el Sello Verde, Amarillo o Rojo, inspección que debe realizarse cada dos años.
Según la entidad fiscalizadora, una vez que se detectan factores de riesgo como fugas de gas, presencia de monóxido de carbono o instalaciones con deterioros, estos son mitigados en el momento.
“Esas acciones implican tomar contacto con la empresa de gas para que proceda con el corte de gas y también la notificación de esos antecedentes al sostenedor para que proceda con la posterior reparación”, explica Orlando Carrasco, Jefe del Departamento Técnico de Inspección de Combustibles de la SEC.
Pese a esto, el usuario, en este caso los colegios y jardines, puede reparar su red de gas y, una vez que el distribuidor corrobore que así lo hizo, se reanuda su suministro de gas.
“Si el sostenedor contrata a un instalador autorizado, si la empresa certificadora constata que ya no hay fuga, la empresa distribuidora puede dar el gas. Lo que falta es que el sostenedor contrate una inspección para que se verifique que se cumplan todas las condiciones para obtener el Sello Verde”, señala Carrasco.
“Nosotros como Superintendencia tenemos que verificar que esta situación en el tiempo cambie y obviamente es parte de nuestra labor fiscalizadora”, agrega. No obstante, existen establecimientos educacionales que se encuentran con sello Amarillo o Rojo desde 2019.
En ese sentido, se produce un vacío en la fiscalización y la obtención del Sello Verde queda en manos del establecimiento educacional. Al no ser un impedimento para funcionar o tener suministro de gas, esto pasa a ser un mero trámite administrativo.
“Las atribuciones de la SEC contemplan desde amonestaciones a multas en dinero”, señala Carrasco sobre las medidas que puede tomar la entidad al respecto.
La Red se contactó con el Ministerio de Educación para conocer su parecer respecto a esta situación, donde señalaron que si bien las situaciones detectadas corresponden a 36 establecimientos de un total de 12.500, “es fundamental avanzar en su pronta resolución”.
“El mantenimiento de los establecimientos educacionales es responsabilidad de los sostenedores. En estos casos, 10 son de dependencia municipal, 19 particulares subvencionados y 2 particular pagado y 7 jardines infantiles”, indicaron.
El Mineduc aclaró que, del listado original de recintos sin certificación, que en total incluía 38 casos de Sello Rojo, uno de los establecimientos, de dependencia particular, se encuentra cerrado; un segundo establecimiento ya regularizó su situación y cuenta con su sello verde; otros dos ya subsanaron la situación que los aquejaba y se encuentran a la espera de una nueva fiscalización; y un último tiene el sello verde vencido y se encuentra realizando cotización con certificadores para actualizar.
“En este contexto, destacar que dentro de las políticas que lleva a cabo la Subsecretaría de Educación Parvularia está la iniciativa Mi Jardín Se Certifica, campaña que impulsa a los jardines a obtener su Reconocimiento Oficial, certificando que son un lugar adecuado y seguro para niñas y niños. La meta es que a diciembre de 2024 todos los jardines de Chile cuenten con reconocimiento oficial”, afirmaron.
Un problema mayor
El problema en las instalaciones de gas, sin embargo, está inserto en un contexto mayor, relativo a las deficiencias que tienen los establecimientos educativos en materia de infraestructura.
El último censo en este ámbito fue realizado en 2012 y abarcó 5.530 centros educacionales. De ellos, setenta funcionaban con letrinas en esa época. Además, la mitad de los colegios carecía de agua caliente (ver informe completo en este link).
Este estudio reveló asimismo que una de las situaciones de riesgo más común era justamente la presencia de estanques de líquidos o gases inflamables, problema que afectaba a un cuarto de los colegios y liceos.
¿Falta de recursos?
Si bien la falta de recursos es un argumento habitual para justificar estas carencias, lo cierto es que no siempre es así. En 2018, por ejemplo, el Mineduc realizó la última de una serie de destrucciones de textos escolares.
¿Qué sucedió? entre 2014 y 2017 el Mineduc adquirió unos 73,3 millones de textos escolares por un total de 113 mil millones de pesos, incluido el pago de IVA. Es decir, unos 175 millones de dólares, cifra equivalente al costo de construcción de un hospital de alta complejidad.
Sin embargo, en este período solo 69,7 millones de textos fueron efectivamente distribuidos. Las mayores diferencias entre textos adquiridos y distribuidos ocurrieron entre 2015 y 2016.
En total, y sólo para el período reseñado, se forjó una diferencia de más de tres millones de unidades entre los textos adquiridos y los efectivamente distribuidos. Una inversión de millones de dólares que jamás llegó a las aulas de escuelas y liceos.
¿Qué sucedió con esos textos? El 27 de marzo de 2017, la coordinadora nacional de Patrimonio del Ministerio de Educación, Evelyn Toledo, firmó el último de los oficios que gestionó la baja y destrucción de un millón setecientos mil libros escolares, operación aprobada anual y mecánicamente por los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
En la actualidad, persisten las compras excesivas de libros y los problemas de distribución. No obstante, en la actualidad no hay procesos de destrucción en marcha, según informó el Mineduc a La Red.
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