Comandante en jefe del Ejército fue quien ordenó comunicado que trató de “antichilenos” a los que atacaron a Baquedano
“Quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau”, dice un documento de la rama de las Fuerzas Armadas. Además, afirma que el polémico documento del 6 de marzo contó con la autorización previa del ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
Los primeros días de agosto el Consejo para la Transparencia ordenó al Ejército de Chile entregar los nombres de las autoridades que autorizaron el cuestionado comunicado en el que llamaba “antichilenos” y “cobardes desadaptados” a los que atacaron la estatua del general Baquedano en Plaza Dignidad.
Finalmente, la rama de las Fuerzas Armadas respondió a la solicitud, afirmando que la orden de emitir el polémico comunicado del 6 de marzo fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez.
“Conforme a lo acordado, se hace presente que quien ordenó y autorizó el referido Comunicado Oficial fue el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau”, dice el comunicado, dado a conocer por El Mostrador.
En la respuesta, a raíz del recurso de amparo interpuesto por el abogado Cristián Cruz, el Ejército afirma que el polémico comunicado fue visado por el ministro de Defensa Baldo Prokurica.
“Por otra parte, y como consigna el dictamen N° 123413, de 21JUL2021, de la Contraloría General de la República, dicho comunicado oficial fue emitido contando con la autorización previa del señor Ministro de Defensa Nacional”, dice el documento firmado por el general de división de Ernesto Tejos Méndez, Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Cabe recordar que el comunicado del Ejército generó un fuerte debate y cuestionamientos a las FF.AA. al considerar que estaban deliberando respecto al acontecer nacional, lo que no está permitido ya que deben supeditarse al poder civil.
De hecho, el 2 de julio pasado, la Contraloría advirtió a las FF.AA. que no son deliberantes por lo que deben abstenerse de emitir declaraciones.
“Como instituciones subordinadas al poder civil, les queda prohibido cuestionar o debatir sobre las órdenes, decisiones o instrucciones impartidas por la autoridad civil”, señala el duro dictamen de la entidad fiscalizadora.
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