La justicia llega desde afuera: Los fallos emblemáticos de la Corte IDH contra Chile
En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este martes al Estado de Chile por no pagar la deuda histórica de más de 800 profesores. La sentencia llega tras 16 años de juicio y se suma a la lista de icónicas sentencias que el tribunal ha adoptado contra el país. Revisamos algunos de los episodios donde la justicia internacional debió reparar la impunidad local.
Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo histórico contra el Estado de Chile, declarándolo culpable del no pago de la deuda histórica a 846 profesores de la Región de Atacama.
La sentencia se da luego de 16 años de juicio en el tribunal internacional y establece que Chile es responsable de la violación de una serie de derechos de los docentes, condenando al Estado a pagarle, en promedio, $90 millones a cada uno.
Tal es la trascendencia de este fallo, que el abogado Ciro Colombara, que lideró los litigios ante la corte, aseguró que “por primera vez un Estado es condenado a pagar una suma tan relevante por violación a los derechos humanos”.
Pero este caso se transformó en una más de una serie de sentencias contra Chile luego de que se agotaran las instancias en el sistema judicial local y la justicia no llegara.
A continuación, repasamos algunos de los fallos emblemáticos de la Corte Interamericana contra el país:
Isapre Más Vida se niega a costear tratamientos de Martina Vera
El 18 de noviembre, la Corte Interamericana emitió su fallo en el caso Vera Rojas vs. Chile, donde el Estado fue demandado por su responsabilidad en el no pago del tratamiento de Martina Vera por parte de la isapre Más Vida.
En 2006, cuando tenía solo un año de edad, Martina fue diagnosticada con el Síndrome de Leigh, una rara enfermedad neurológica degenerativa considerada catastrófica en el país.
Gracias a su seguro con el prestador de salud, sus padres costearon su hospitalización domiciliaria en su casa en Arica. Sin embargo, el 2010, Más Vida retiró unilateralmente el seguro basándose en una circular de la Superintendencia de Salud.
Tras una década de batalla judicial, tanto en los tribunales locales como en la Corte Interamericana, el organismo internacional determinó que se incurrió en “una violación a los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social”.
Por esto, se encontró culpable al Estado por no cumplir su obligación de prevenir la violación a los derechos humanos y se le ordenó asegurar el tratamiento de Martina.
La discriminación del Poder Judicial contra la jueza Atala
El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana llegó a una resolución tras más de 7 años de análisis del caso de Karen Atala, jueza de garantía de Villarica a la que en el año 2004 le arrebataron la custodia de sus tres hijas por ser lesbiana.
Esa decisión, adoptada por la Corte Suprema, le entregó la tuición al padre de las niñas y ex esposo de Atala, Ricardo López, tras una disputa legal que comenzó a pocos meses de que la pareja de la jueza comenzara a convivir con ella y su familia.
La Corte estableció que el Estadio de Chile violó los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida privada, a la protección a la honra y el derecho de los niños a ser oídos, entre otras vulneraciones cometidas.
Por esto, se mandató que se le brindara atención médica y psicológica gratuita a la jueza Atala, pagarle una indemnización de 72 mil dólares, imponer consecuencias legales a los funcionarios responsables y establecer garantías de no repetición de los hechos.
Crímenes de lesa humanidad en la ejecución de Luis Almonacid en dictadura
El 15 de septiembre de 1998 se ingresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición que terminaría transformándose en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, que buscaba justicia por la ejecución del profesor y militante del Partido Comunista Luis Almonacid Arellano.
El 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura, Carabineros detuvo a Almonacid a la salida de su casa y le disparó frente a su familia, provocándole la muerte al día siguiente.
33 años después, el 26 de septiembre del 2006, la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile por no investigar ni sancionar a los autores de este crimen de lesa humanidad gracias al Decreto Ley No. 2.191, que amnistió a los que hayan cometido crímenes entre el ’73 y ’78.
El organismo le ordenó a Chile asegurar el fin de la obstaculización de la investigación de la ejecución de Almonacid, lo que derivó en que, en el 2013, la Corte Suprema ratificara la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que condenó a 5 años de presidio al ex carabinero Raúl Neveu Cortesi.
Discriminación contra comuneros mapuche en la aplicación de la Ley Antiterrorista
En el año 2004, ocho comuneros fueron condenados con la Ley Antiterrorista por hechos de violencia ocurridos en las regiones de la Araucanía y Biobío, enmarcados en el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
El caso llegó a tribunales internacionales y el 29 de mayo de 2014 la Corte Interamericana falló contra el Estado de Chile por violar las garantías básicas del debido proceso y aplicar condenas en base a criterios discriminatorios.
Cinco años más tarde, la Corte Suprema dejó sin efecto las sentencias contra Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, José Benicio Huenchunao Mariñán y Patricia Roxana Troncoso Robles.
Esto se sumó a las medidas de reparación instruidas por la Corte Interamericana, que incluían una indeminazción de 50 mil dólares para cada víctima y brindarles rehabilitación médica y psicológica.