El papel que jugó el futuro jefe de gabinete de Boric ante la CIDH para anular las condenas en el caso Luchsinger-Mackay
El abogado Matías Meza-Lopehandía ayudó en el planteamiento y la redacción de los argumentos jurídicos que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar y anular las condenas de los acusados en el incendio que le costó la vida a Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013.
Los primeros días de enero trascendió que Matías Meza-Lopehandía había sido elegido por Gabriel Boric para el cargo de jefe de gabinete de su próximo gobierno.
Meza-Lopehandía es abogado experto en DD.HH. y pueblos originarios, además de militar en Convergencia Social. A los 26 años Meza-Lopehandía trabajó en la Región de La Araucanía, cerca de Temucuicui.
Debido a su conocimiento y experiencia en temas de derechos humanos y pueblos originarios, colaboró en la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar y anular las condenas de los acusados en el incendio que le costó la vida a Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013.
Según señala El Dinamo, Meza-Lopehandía fue una pieza clave en el planteamiento y la redacción de los argumentos jurídicos que presentó un grupo de abogados compuesto por Sebastián Saavedra, Kairna Riquelme, Pablo Ortega y Pablo Villar.
“Matías Meza nos ayudó y asesoró con la redacción de la presentación y en cómo plantear el problema (jurídico) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Sebastián Saavedra.
Los argumentos presentados ante al CIDH plantean que “se proceda a condenar al Estado de Chile por infracción al debido proceso, a la igualdad ante la ley y la protección judicial”
Como antecedentes, la presentación ante la CIDH recordó los casos de comuneros mapuches a los que se les anularon las condenas y se dictaron sentencias absolutorias por falta de igualdad ante la ley, infracción al debido proceso y en ese caso la aplicación de la Ley Antiterrorista.
También se denunciaron la presión “del Poder Ejecutivo en contra de los magistrados, principalmente con mensajes emitidos por el Presidente de la República Sebastián Piñera una vez que se dictó el fallo condenatorio”, explica Saavedra.
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