Los consejeros del INDH que sostienen al director Sergio Micco pese a los graves cuestionamientos a su gestión
Cinco consejeros cercanos a Micco lo habrían blindado para evitar su renuncia al cargo en medio de denuncias que lo acusan de no investigar la desaparición de un detenido del estallido social o desmantelar el programa de apoyo a las víctimas de la revuelta, red de acompañamiento que funciona con menos de la mitad de sus funcionarios originales, lo que, según denuncian trabajadores desvinculados, ha provocado graves afectaciones a estas personas.
Desde la irrupción de las masivas protestas del estallido social de octubre de 2019 y las brutales violaciones a los derechos humanos con las que respondió el gobierno, múltiples son los cuestionamientos que ha debido enfrentar Sergio Micco.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se ha visto envuelto en diversas polémicas como reducir a la mitad la cifra de heridos oculares registrados por la entidad, despedir a dos directores, uno de los que acusó una estrategia para blindar a Sebastián Piñera, o enfrentar una demanda ante Contraloría hecha por la Asociación de Funcionarios, que denunciaron exceso de funcionarios, dobles funciones y sobrepasar el presupuesto.
Uno de los últimos episodios protagonizados por Micco fue el desmantelamiento del programa de apoyo a las víctimas de la revuelta de octubre, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, del cual se desvinculó a más de la mitad de sus trabajadores.
Pese a todo esto, el director del INDH se ha mantenido en su cargo, sostenido por un Consejo de la entidad que lo ha blindado durante su gestión, incluso cuando una de sus integrantes pidió su renuncia al conocerse que Micco no investigó una denuncia por un detenido desaparecido del estallido, tal y como reveló LaRed.cl.
Según dio a conocer el medio Interferencia, de los 11 consejeros del INDH, cinco son afines a Micco. El primero es Carlos Frontaura, abogado de la Universidad Católica, designado por el Senado y que la Asociación de Funcionarios describe como conservador, cercano a la Fundación Jaime Guzmán y a los ideales políticos de la dictadura.
Luego está Sebastián Donoso, también abogado UC, designado por Piñera, el que, de acuerdo al gremio, ha asesorado durante 15 años a empresas mineras mientras en el INDH debate sobre derechos de los pueblos indígenas afectados por el extractivismo.
Otro de los cercanos a Micco es Cristián Pertuzé, ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso elegido para el cargo por la Cámara de Diputados, siendo cuestionado por su poca trayectoria en promoción y defensa de los derechos humanos.
Finalmente, el círculo de apoyo se cierra con Branislav Marelic (PS), ex director del INDH y que en 2019 votó por Micco para el cargo; Sin embargo, en la interna, Marelic habría señalado que la administración de Micco no se sostiene más, según revelan fuentes de la Red. Finalmente, Eduardo Saffirio, elegido por la Cámara y cercano a la DC, partido del actual director, señala Interferencia.
El abandono a las víctimas de estallido social
A fines de diciembre, mediante una carta de las jefaturas regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se dio a conocer el despido de 48 de los 63 trabajadores del programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para víctimas del estallido social.
La decisión tomada por Sergio Micco fue explicada debido a la falta de recursos permanentes para pasar a contrato indefinido a estos funcionarios, pese a que se recibieron $1.800 millones en recursos para el 2022.
El pasado 25 de enero, según reveló Documenta.LaBot, se reintegró con con contrato indefinido a 12 de estos trabajadores. Aún así, el programa quedó funcionando a un 45% de su capacidad original cuando aún hay 2.800 querellas pendientes interpuestas por el INDH.
Actualmente 18 abogados y 11 psicólogos trabajan en el programa en todo el país. Las 9 trabajadoras sociales que tenía este fueron desvinculadas, incluso cuando ellas trabajaban en las postulaciones a la pensión de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Esto ha impactado negativamente en las víctimas acompañadas por el INDH. De acuerdo a una psicóloga desvinculada contactada por el medio, “que entren personas nuevas en este proceso implica que tienen que conectarse con toda la historia de la víctima, volver a preguntarles lo que pasó. Eso genera revictimización”.
En tanto, un abogado desvinculado del programa asegura que “muchos ya sentían que era un proceso abandonado y para algunos este cambio fue una confirmación de que eso iba a quedar así”.